Los integrantes de la Asamblea de Directivos de instituciones educativas se acercaron, en la mañana de hoy, hasta el edificio de Supervisión de Escuelas Región III espacio en el que presentaron un documento en el que analizan “la grave situación en la que nos encontramos atrapados y estancados”.

El texto señala que “desde el estallido del conflicto participamos de las múltiples acciones de lucha del colectivo docente y también nos hemos expresado mediante documentos públicos.  El primero junto a Supervisores de Secundaria de Región III el día 9/8/19; luego, directivos de diferentes niveles y modalidades nos manifestamos a través de otro documento el día 14/8/19”. Y agrega que “en ambos demandábamos respuestas políticas a los responsables del Ministerio de Educación y del gobierno provincial para resolver los problemas que impiden que se garantice el derecho a enseñar y a aprender.  Hasta la fecha, no hemos observado ningún avance o acción tendiente a destrabar el conflicto, que se va complejizando progresiva y dramáticamente”.

El documento expresa que “dada nuestra responsabilidad como educadores y directores/as de instituciones educativas que defendemos la educación pública y nos debemos a nuestra comunidad,  en cumplimiento de nuestra obligación de “respetar y hacer respetar los principios constitucionales  y las disposiciones de la Ley de Educación Provincial VIII N° 91” (Ver Art. 94, Parte II, inc. a)” denuncia el  flagrante incumplimiento de la Ley de Educación Provincial VIII N° 91, máxima normativa de nuestro sector, por parte del gobierno provincial: no se está garantizando el derecho a enseñar y a aprender (Art 1, 2, 3, 4); ni “una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad, con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin inequidades sociales o regionales” (Art 6 y 13, inc. a); no se está garantizando el financiamiento del sistema educativo (Art 10 y 14); no se están garantizando derechos básicos de los estudiantes (Art 97, Parte I, inc. a, f, j); no se están garantizando derechos básicos de los docentes (Art. 94, Parte I, inc. e, g, h); no se están garantizando “las condiciones materiales y culturales para que todos los estudiantes logren aprendizajes comunes de buena calidad” (Art 101).  Por su parte, el pago escalonado imposibilita el funcionamiento del sistema educativo como un “conjunto organizado de servicios, instituciones y acciones educativas reguladas por el Estado Provincial que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación” (Art 5°, inc. a) y atenta contra su cohesión (Art 102)”.

Denuncian, también, “la falta de autoridad moral de los funcionarios ministeriales y gubernamentales, salientes y actuales, para imponer exigencias o culpas hacia nosotros/as y hacia el resto  las/los trabajadores de la educación, en medio de esta crítica coyuntura.  En el día de ayer han renunciado el Ministro de Educación, Leonardo De Bella y el Subsecretario de Recursos del Ministerio de Educación, Daniel Ehnes.  El ex Ministro se fue luego de referirse a la recuperación de contenidos, sin estimar que el sistema educativo está prácticamente paralizado y que mayoritariamente  los directores que deberíamos implementar esos planes ni siquiera hemos cobrado aún nuestros sueldos del mes de julio.   Por su parte, el subsecretario Ehnes, luego de su renuncia, realizó irresponsables y falaces acusaciones de abusos perpetrados por docentes, sin admitir el desmanejo y la inoperancia gubernamental en la liquidación de haberes.  Desde hace mucho tiempo venimos reclamando esos problemas y podemos afirmar que no sólo han pagado de más a algunos docentes, sino que todavía hay cientos de docentes que no han cobrado  haberes por servicios prestados desde el comienzo del ciclo lectivo e incluso del ciclo lectivo anterior (2018). Repudiamos que este sujeto culpabilice a los docentes por la negligencia contable y administrativa del estado provincial, sumando tensiones y malestar a los/las trabajadores que estamos sufriendo este  conflicto”.

Y agrega que “la falta de información detallada y amplia sobre el estado de las cuentas públicas y el impacto de los casos de corrupción en el endeudamiento y el desfinanciamiento del sistema educativo, de la  caja jubilatoria y de nuestra obra social. Nos preguntamos: ¿cuándo nos darán explicaciones sobre al pésimo manejo de los fondos públicos? ¿Qué lectura política realizan los máximos responsables del gobierno provincial sobre los procesamientos de integrantes de sus filas, como la ex Ministra de Educación, Graciela Cigudosa, quien debe explicar el destino de millones de pesos que debían utilizarse para la reparación de edificios escolares?¿Dónde está el dinero de los aportes que descontaron de nuestros sueldos durante los últimos años?”. 

Para finalizar reclaman respuestas al gobernador Arcioni “y por su intermedio a las autoridades del gobierno nacional” asegurando que “mientras tanto continuaremos luchando junto al resto de los/las trabajadores de la educación y de la administración pública provincial hasta encontrar soluciones a este grave conflicto”.

 

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