El Gobierno de Chubut adhirió por decreto a la Ley de Seguridad Interior que establece un protocolo para que las fuerzas policiales actúen durante una protesta social.

La resolución 172 fue publicada – recientemente – en el Boletín Oficial por parte del Ministerio de Gobierno a cargo de Federico Massoni y contiene cuatro capítulos que definen las características de las manifestaciones, el procedimiento mediante el cual se deberá actuar en el operativo y por otro lado la determinación de las responsabilidades de quienes lo lideren.

El capítulo cinco menciona que durante el accionar de las fuerzas se realicen grabaciones de audio y video y se fotografié los hechos para aportar el material a la Justicia.

Quedó pautado, también, qué tipo de armas podrán utilizar las fuerzas de seguridad en las protestas y bajo qué circunstancias se podrá detener a los manifestantes que se encuentren cometiendo algún tipo de delito, además de separar a aquellos grupos violentos que pudieran filtrarse en el marco de un reclamo pacífico.

“Las protestas públicas son un modo de expresar derechos que se encuentran protegidos por nuestra Carta Magna, que en su amparo constitucional avala el derecho a peticionar ante las autoridades, el de libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de huelga, los que a su vez suponen, que quienes no participan de una manifestación pública, no vean afectados su derecho de transitar libremente, su derecho legítimo a trabajar y a ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos amparados constitucionalmente”, sostiene la resolución.

Cabe mencionar que en la resolución se diferencian las manifestaciones programadas de aquellas espontáneas. En las primeras se tendrá que poner en conocimiento al Ministerio de Gobierno para determinar el recorrido y la duración.

Mientras que en las protestas no programadas será “trabajo” de las fuerzas federales “garantizar la libre circulación de las personas y bienes”.

Identificación de personas

En la publicación también se establece que las fuerzas de seguridad podrán “aislar e identificar” o tomar todas las medidas necesarias para controlar a las personas que inciten a la violencia o porten elementos contundentes o armas de cualquier tipo, utilicen fuego, combustibles elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiere dañar la integridad de la comunidad durante una manifestación.

En caso de provocar daños, las fuerzas podrán detener a los autores materiales. “Si durante la manifestación hubiere detenidos, se les informará el motivo de su detención, se dará lectura de sus derechos y se procederá a su inmediato traslado, quienes deberán ser puestos a disposición de la justicia, asegurando los medios probatorios”, indica la resolución.