El proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo será sometido este miércoles a votación en una sesión de ribetes históricos dentro de la Cámara de Diputados. El resultado final todavía es una incógnita aunque varios analistas políticos hablan de una leve ventaja hacia quienes se oponen a la iniciativa. La Argentina debate un tema caliente.

A principios de año el Gobierno tomó nota del contundente “pañuelazo” realizado en las puertas del Congreso, convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Fue el propio presidente Mauricio Macri quien ante la Asamblea Legislativa dio luz verde para el tratamiento y decía que hace varias décadas viene postergándose la discusión en el país.

Durante la primera semana de abril comenzaron a desfilar por las comisiones diversos expositores, entre los que estuvieron artistas, médicos, dirigentes, periodistas, profesionales de la salud, abogados y mujeres que pasaron por situaciones traumáticas. Cada uno compartió su postura y conocimiento ante los legisladores, de manera tal que el debate se viera nutrido de aristas y experiencias.

Las audiencias concluyeron en mayo con las presentaciones del ministro Adolfo Rubinstein, el Padre Di Paola y la actriz Dolores Fonzi. “El proyecto abre la posibilidad de que miles de mujeres dejen de morir a causa de la ilegalidad”, la tónica de quienes estaban a favor. “No somos quienes para decidir quién vive y quién muere”, repetían aquellos que se expresaban en contra.

Lo cierto es que la propuesta de interrupción voluntaria del embarazo -en las primeras catorce semanas de gestación- despertó opiniones encontradas, creó controversia y avivó un tema candente que en Argentina parecía dormido. Multitudinarias movilizaciones coparon las calles de todo el país para dejar sentada una u otra posición.

A nivel local…

Esquel no quedó al margen. La Fundación “Más Vida” organizó dos concentraciones en la Plaza General San Martín, juntando un número para nada despreciable de vecinos. Por otro lado, y de unos meses a esta parte, se hace cada vez más habitual cruzar gente -sobre todo jóvenes- con los emblemáticos “pañuelos verdes” alusivos a la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Las dos vidas valen”, era la consigna principal de quienes participaron de las marchas en la ciudad y esperan que hoy la Cámara de Diputados dé la espalda al Proyecto de Ley que contó con el aval inicial de dirigentes de diversos sectores político-partidarios (Libres del Sur, Unión Cívica Radical, Frente para la Victoria y Partido Obrero).

Sesión maratónica

La sesión comenzará alrededor de las 11 horas de este miércoles y se cree que durará hasta las 7 del jueves. El resultado es “abierto”, advierten quienes conocen bien el “mundillo” del parlamento. La parida es marcada. Pareciera que la votación será definida por una treintena de diputados indecisos. Los chubutenses que estarán en el recinto son: Rosa Muñoz, Jorge Taboada, Santiago Igon, Gustavo Menna y Ana Llanos.

Los puntos clave

  • Se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.
  • Toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazoen los siguientes casos: Si el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer y si existen malformaciones fetales graves.
  • La mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco (5) días corridos desde su requerimiento.
  • El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en las Leyes 23.660 y 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por Ley 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la Ley 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del Decreto 1993/2011, las obras sociales de las Fuerzas de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la Ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliadas o beneficiarios independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo.