En Trevelin se llevó adelante el primer juicio contravencional de la cordillera, un hecho considerado histórico por los representantes del Ministerio Público Fiscal. El proceso tuvo lugar en el Juzgado de Paz y se juzgó la portación de un arma blanca en la vía pública, hecho que culminó con una condena que establece trabajo comunitario en la Biblioteca Popular de la localidad.
En diálogo con La Portada, la abogada de Fiscalía Camila Sánchez Almirón, de amplia experiencia en Comodoro Rivadavia con este tipo de casos, destacó la importancia del proceso: “Sabemos que para la jurisdicción entera y todas las localidades que contempla, es más que importante que esto sirva también como una forma de educación acerca de la necesidad de evitar este tipo de actividades que en algún momento pueden haber sido muy normales, pero que actualmente se encuentran legisladas y penadas por la Ley Contravencional con la intención de proteger a los demás ciudadanos”.
Sánchez Almirón también destacó el trabajo conjunto con las fuerzas policiales. “Queremos felicitar a la Policía, particularmente de Trevelin, pero también a todos los que han modificado las actuaciones, la utilización de testigos civiles de actuación. Cambió el procedimiento a raíz de los distintos encuentros que hemos tenido”, puntualizó. Agregó que “el fin es procurar que no estemos ante sucesos de mera documentación que llevan a la impunidad, sino que pueda llegar a su fin, que es justamente el resultado punitivo que el Código Contravencional espera”.
El proceso, según explicó, demanda un trabajo intenso y coordinado en plazos muy breves. “El Código Contravencional nos da solo 20 días hábiles para la investigación. En ese lapso, es fundamental contar con una actuación primaria de calidad por parte de la Policía. El relevamiento de las cámaras, la utilización de testigo civil de actuación en el momento de las detenciones, el correcto secuestro y documentación, el despliegue que han tenido en todo este proceso sumado al trabajo del Centro de Monitoreo y de los ciudadanos que colaboran, fue impecable”, señaló.
Por su parte, el fiscal Fidel González subrayó que este tipo de juicios difiere en gran medida de los procesos penales: “Es muy distinto, porque en un proceso penal pasás por muchas etapas antes de llegar al juicio, tenés varias audiencias previas, y en este caso no. Es una única audiencia”. “Se le hace saber cuál es el hecho que se le imputa a la persona, puede defenderse y aportar pruebas ahí mismo, y luego el juez de paz toma una decisión. Es mucho más rápido”, detalló.
Por su parte, Consuelo Hernández, también abogada de la Fiscalía, valoró la importancia del trabajo articulado y del cambio de dinámica que se viene implementando. Planteó que “los tiempos son muy importantes en las contravenciones, porque en el momento que llegan las actuaciones policiales es que tomamos conocimiento y empezamos con las medidas, ya sean cámaras, testigos o registros de llamadas”. “Hacemos todo lo posible para tener todos los elementos y ahí poder ir a un juicio”, sostuvo.
Consultado sobre el objetivo de estas sanciones, el fiscal González explicó que “la herramienta es una forma más de fortalecer la convivencia. Cuando una persona no hace lo correcto hay sanciones”. “Si uno ve las estadísticas de homicidios o hechos graves cometidos con el uso de armas, muchas veces no es que la gente sale a cometer un homicidio, sino que sucede. Por eso la contravención tiende a menguar esa situación. Es una forma de prevención, porque los homicidios cometidos con cuchillos son muchos”, recalcó.
En la misma línea, Sánchez Almirón agregó que “a nivel nacional se tenía una estadística de al menos un 50% de homicidios cometidos con armas blancas o de fabricación casera”. Analizó que era una conducta “amparada socialmente, pero no es correcta”: “Hoy la legislación vino a sanear esta situación ante la preocupación que genera portar un cuchillo para defenderse de algo que no sabemos si va a suceder o no. Esta actitud genera un peligro colectivo”.
Continuar con la capacitación
De cara a lo que viene, la abogada adelantó que continuarán las capacitaciones al personal policial y la implementación de mecanismos conciliatorios. “Seguramente esto va a tener una réplica cada dos o tres meses. Hoy estamos viendo que hay mucho más caudal de ingreso de causas contravencionales, y vamos evaluando cuáles tienen viabilidad. También estamos enviando los primeros pedidos de audiencias conciliatorias en el marco del Juzgado de Paz, pasando por el Servicio de Resolución Alternativa de Conflictos. Buscamos diferenciar este sistema del penal y hacerlo más ágil, considerando los plazos escasos y la necesidad de una respuesta rápida para los vecinos”, indicó Sánchez Almirón.
González resaltó que este primer juicio marca un punto de inflexión para la región: “Si bien el Código de Convivencia está vigente hace un tiempo, en la cordillera no habíamos tenido un juicio contravencional. Para poder llegar a él tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajo”. “Ahora empieza esto de decir qué salió bien, qué salió mal, y potenciar lo que está bien hecho. Si el Código se aplica correctamente, puede convertirse en una herramienta muy valiosa de prevención de delitos”, sostuvo.
En tanto, Consuelo Hernández destacó el trabajo en equipo que permitió alcanzar este resultado: “Gracias a las capacitaciones pudimos hacer entender a la policía que tenía que cambiar su forma de trabajo. Ahora tenemos actas completas, entrevistas a testigos, remisión de cámaras inmediata, y una cadena de intervención bien armada. Estamos muy contentos porque tenemos un muy buen equipo de trabajo”.
Por último, Sánchez Almirón valoró que “con esto se ha logrado dar una solución al reclamo sobre cuestiones que antes eran vistas como actos preparatorios o que no llegaban a un delito”. “Esta normativa vino a suplir esas lagunas legales. Es un Código pacificador, que busca la conciliación y la reflexión para evitar hechos de mayor gravedad”, finalizó la abogada.






















