Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se produjeron 295 femicidios, 10 trans/travesticidios y 21 femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro. El mismo señala que 336 hijas /hijos quedaron sin madre, el 58 % son menores de edad.
Desde la Casa del Encuentro mencionan que “no existe una única respuesta porque la violencia de género es multicausal, está ligada a las diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan y es por eso que su abordaje debe ser integral, multidisciplinario y federal”.
Remarcan que “es imperioso que el Poder Legislativo mejore y actualice las leyes existentes, que atiendan a la situación de excepción que se perpetúa en todo el país; que el Poder Judicial atienda y proteja a quienes se acercan a denunciar, y se ocupe de dar seguimiento a las medidas de protección que aplica para asegurar su correcta implementación o la necesidad de una revisión de las mismas en casos de incumplimientos que pongan en riesgo a la mujer; y que el Poder Ejecutivo ejecute las políticas públicas que plantea en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género así como toda nueva que surja de las mesas de trabajo interministeriales, ponderando las situaciones de vulnerabilidad económica, laboral y habitacional que constituyen los principales obstáculos para garantizar que una mujer o compañera trans pueda salir de la situación de violencia en la que se encuentra inmersa”.
El informe también menciona que “el Estado debe garantizar la efectiva implementación de políticas públicas contra la violencia de género, profundizar las campañas de prevención y hacer efectivos los programas anunciados de acompañamiento para mujeres y trans/travesti”. “Insistimos en la plena capacitación a efectores del Estado, haciendo especial hincapié en el poder judicial y fuerzas de seguridad para que el abordaje ante una denuncia por violencia sexista tenga un accionar con perspectiva de género con una correcta evaluación de riesgo. Por esto reclamamos la implementación a nivel nacional la Ley Micaela (Ley 27.499 de 2019) y la posterior evaluación de la misma”.
Se reclama, además, el pleno funcionamiento a nivel nacional de las medidas creadas: Programa “Acompañar”, “Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género” (SICVG), “Cuerpo de abogados y abogadas” (Ley 27.210 de 2015). A la órbita de MMGY, “Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género” (URGE).
Reforzar el rol del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la configuración de un sistema de indicadores de género que unifique las estadísticas oficiales e inclusión de la perspectiva de género en los concursos a cargos en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Ministerio Público y Ministerio de Defensa son parte de los reclamos planteados.
Otros reclamos
La necesidad de una Ley Nacional para que personas denunciadas por violencia de género no puedan ejercer cargos públicos o la suspensión de los mismos hasta el cese de la causa, creación de Fueros Especializados en Violencia de Género en el ámbito de la Justicia, con la consiguiente creación de juzgados específicos en todas las jurisdicciones del país y sistema de turnos las 24 horas, protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujer en situación de violencia (acompañamiento legal y psicológico, apoyo para la inserción laboral, entre otras herramientas), licencia por violencia de género cumplimiento en todos los Convenios Colectivos de Trabajo, efectiva implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), en todos los niveles de educación a nivel nacional con la debida incorporación de la temática de violencia sexista, cumplimiento efectivo a nivel nacional la Ley 27.610, ampliación de la red de centros educativos y de cuidado para la primera infancia también forma parte del pliego de reclamos.