El lunes quedó conformado el jurado popular que, a partir de este martes, tendrá la responsabilidad de juzgar un grave caso de violencia de género e integridad sexual ocurrido en el año 2022. El proceso judicial, liderado por la Agencia de delitos en contexto de violencia de género de la Fiscalía, busca determinar la responsabilidad penal del imputado, Joaquín Cañumir, en una serie de hechos que configuran violencia física, psicológica, económica y sexual contra quien fuera su pareja.
De acuerdo con los lineamientos de la Fiscalía, el debate oral y público se centrará en visibilizar una dinámica de sometimiento y agresiones sistemáticas, exponiendo la gravedad de los delitos denunciados sin revictimizar a los afectados ni vulnerar los derechos de las infancias involucradas. La defensa particular sostiene que los hechos sucedieron de otro modo y que existió violencia recíproca.
Los hechos contenidos en la acusación
La teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal sostiene que el contexto de violencia se agravó progresivamente hacia finales de 2022. Según la acusación, el imputado ejercía de forma recurrente violencia psicológica y coercitiva sobre la víctima, aprovechando situaciones de vulnerabilidad para imponer conductas de sometimiento sexual bajo amenazas y hostigamiento, afectando directamente la tranquilidad del hogar y el bienestar de las hijas de la mujer, en ese entonces de 12 y 2 años.
El evento principal de la imputación judicial se sitúa en la mañana del 27 de noviembre de 2022. La Fiscalía argumenta que, tras ingresar al domicilio en estado de ebriedad, el acusado forzó de manera violenta relaciones sexuales no consentidas en diferentes sectores de la vivienda. Los informes recabados señalan que la víctima intentó resguardar en todo momento la integridad emocional de sus hijas menores de edad para evitar que presenciaran las agresiones.
Posteriormente, durante la tarde de esa misma jornada, se denuncia un segundo episodio de violencia física y verbal. El imputado habría agredido e insultado a la mujer frente a las niñas, para luego ejercer violencia física directa.
Daños materiales y laborales
La Fiscalía también encuadra el accionar delictivo dentro de la violencia económica y laboral, debido a que el acusado destruyó el teléfono celular de la víctima —su principal vía de contacto para su desempeño laboral—. Asimismo, antes de retirarse de la propiedad, le infligió lesiones en las manos, afectando de forma directa sus herramientas de trabajo.
Marco legal y protección de las víctimas
El juicio se desarrollará bajo estrictos estándares internacionales y nacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres, tales como la Convención de Belém do Pará y la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Nota editorial: En cumplimiento de la normativa vigente que preserva la intimidad, seguridad y dignidad de las personas afectadas por delitos contra la integridad sexual, omitimos datos filiatorios específicos y resguardamos la identidad de las niñas involucradas, priorizando el derecho a la privacidad por sobre el detalle mediático.
El tribunal ciudadano, compuesto equitativamente por vecinas y vecinos de la circunscripción, escuchará los testimonios de peritos, psicólogos y testigos aportados por las partes a lo largo de las sucesivas jornadas procesales para decidir su veredicto.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.



















