La Fiscalía pidió la formalización de la investigación iniciada el jueves a raíz de una denuncia por usurpación en un campo de Gualjaina. El día de la denuncia se llevó a cabo un allanamiento y detención de cuatro personas que ingresaron en el predio. El juez penal avaló el procedimiento policial y dio curso a la investigación solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Usurpación y robo en despoblado y en banda
El procurador de fiscalía, Ismael Cerda, solicitó formalmente la apertura de la investigación penal, que tendrá un plazo de seis meses. Se investiga el delito de usurpación ya que los imputados habrían ingresado al establecimiento rural con violencia (dañando candados) y de forma clandestina (cubriendo sus rostros y dañando cámaras de vigilancia).
Además, la Fiscalía sostuvo que, una vez adentro, los acusados forzaron la puerta de un depósito y se llevaron una motosierra y una amoladora inalámbrica. Por el lugar en que ocurrió y la cantidad de personas posiblemente involucradas, calificó provisoriamente el robo como agravado por ser cometido en despoblado y en banda.
La defensa sostuvo que fue un acto de reivindicación mapuche
El Dr. Luis Virgilio Sánchez, abogado defensor de los cuatro imputados, desconoció el robo indicando que los imputados no tenían los elementos faltantes al ser aprehendidos.
El punto central de la defensa fue que la disputa es de naturaleza compleja y territorial, señalando que la zona es territorio comunitario Mapuche. Mencionó la existencia de denuncias previas de los imputados por fraude y venta ilegal de tierras. Añadió que no hubo clandestinidad sino una “reivindicación territorial” que había sido notificada previamente al organismo competente.
Restitución Provisoria y Restricciones
El juez penal declaró legal la detención y declaró formalmente abierta la investigación. Por otra parte, sostuvo que las cuestiones de propiedad se resolverán en los fueros civil o administrativo, ordenando la restitución inmediata de la posesión del inmueble al propietario, aunque aclaró que esta es una medida provisoria que no resuelve quién es el dueño definitivo de la tierra.
También dispuso que los cuatro imputados tienen prohibido acercarse o ingresar al establecimiento rural por un plazo de seis meses y ordenó la devolución de la camioneta secuestrada a su titular, una vez que la Fiscalía finalice las medidas que deba realizar sobre el vehículo. La imputada recibirá su camioneta en carácter de depositaria judicial, no podrá disponer de ella (venderla o transferirla).
Declaración de un imputado
Al cierre de la audiencia, uno de los imputados hizo uso de la palabra como representante Mapuche, refutó las acusaciones de robo y violencia. Sostuvo que su presencia era para legitimar la reivindicación territorial y actuar como conexión con el INAI. Concluyó que el conflicto es de naturaleza política y debe resolverse a través del diálogo con las máximas autoridades, no en la justicia penal, insistiendo en que las tierras son territorio comunitario Mapuche reconocido.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.
























