La fiscal María Bottini y el procurador de fiscalía, Ismael Cerda, se opusieron a que se permita a los imputados acceder a una suspensión de juicio a prueba, tal como ofreció su defensa particular. Los acusados estafaron a una mujer y le robaron una suma importante de dinero.
El juez José Luis Ennis rechazó el pedido de la defensa por entender que el dictamen de la Fiscalía es razonable. La defensa pedirá la revisión de la decisión a la Cámara. Fiscalía presentó en diciembre la acusación pública y en caso de confirmarse el rechazo a la propuesta de la defensa se deberá realizar la audiencia preliminar.
La defensa particular realizó una oferta de reparación económica que la Fiscalía calificó de irrisoria frente al millonario monto de la estafa. De hecho, como parte de la propuesta, la defensa ofreció un vehículo VW up que se encuentra secuestrado, ya que fue utilizado para el delito y pidió que se le devuelva una SW 4, también secuestrada por haberse utilizado como parte del operativo de ocultamiento del dinero. La Fiscalía sostiene que ambos vehículos deberán ser decomisados, tal como prevé la ley.
Bottini explicó que la Fiscalía requerirá la imposición de una pena de cuatro años de prisión efectiva, basada en el análisis de agravantes y atenuantes. En primer lugar planteó el elevado monto de dinero en que fue estafada la víctima y el aprovechamiento de su especial vulnerabilidad.
“Estamos hablando de una víctima que tiene una edad avanzada, que forma parte de la tercera edad, pero ya realmente avanzada, una señora que vivía sola”, resaltó Bottini. Mencionó también la preparación del hecho investigando para saber a quién estafar, la motivación para delinquir, “porque en este caso no estamos hablando de personas que necesitan el dinero por alguna cuestión, sino de personas que tienen un patrimonio considerable”, indicó.
La Fiscal apuntó que de la gran cantidad de vehículos que tienen a su nombre los imputados, el que ofrecen es el más económico, “no están haciendo un mínimo esfuerzo para poder hacer una reparación de acuerdo a sus posibilidades”, señaló.
Los acusadores añadieron que está en juego el interés público.
El juez entendió que la oposición de la Fiscalía es clara, fundamentalmente en relación a la pretensión de pena de prisión de efectivo cumplimiento. Tuvo en cuenta que esta pretensión se basa en la gravedad del hecho, la existencia de cierta organización para la comisión de hechos delictivos y la particular vulnerabilidad de la víctima. Consideró que estos criterios pueden ser considerados como agravantes de peso y esto lleva a estimar un interés público sustentado en una razonable pretensión de pena de efectivo cumplimiento.
El hecho
El 5 de marzo de 2024, entre las 13:40 y 15.30 hs. una mujer de avanzada edad recibió nueve llamadas telefónicas a su teléfono fijo, provenientes de un celular de Buenos Aires. El interlocutor se hizo pasar por su nieto y le indicó que debía depositar los dólares que pudiera tener en su poder, porque perderían valor al día siguiente, producto de nuevas medidas políticas, entre otros motivos fraudulentos. Le dijo que de inmediato, se haría presente un amigo de su nieto e hijo para retirar la plata. Pasadas las 15hs, según la descripción de la Fiscalía, el imputado se presentó en su vivienda. Aprovechándose de la edad y vulnerabilidad de la víctima, hizo que esta le entregue a él como la persona de confianza de su nieto una valija que contenía en su interior una cuantiosa suma de dinero en dólares estadounidenses y pesos argentinos. Obtenido el dinero, el estafador se subió a un vehículo en el que lo esperaba otra persona y ambos huyeron a Comodoro Rivadavia con el producto de la estafa.
La investigación logró ubicar el sitio en que cambiaron de vehículo y encontró un fuerte indicio de que allí se habría extraído el dinero y llevado luego en una camioneta SW4. Este vehículo fue secuestrado en el marco de la investigación.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.