El Gobierno, mediante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), avanza con las ejecuciones y embargos a quienes no pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario, más conocido como Impuesto a la Riqueza. Asimismo, el organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont lanza un nuevo régimen de facilidades de pago.

La AFIP estableció el avance del proceso de fiscalizaciones mediante las resolución generales 4996/2021 y 4997/2021, que fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial. Según explicaron, se “habilitará la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas como la traba de embargos bancarios o la inhibición de bienes contra esos contribuyentes”.

“El objetivo de garantizar que todos los contribuyentes alcanzados cumplan con sus obligaciones la AFIP inició más de 2.500 fiscalizaciones”, informó el organismo indicando que ya se había comenzado a notificar a las personas con patrimonios superiores a los $200 millones.

“Se suspendió hasta el 31 de mayo de 2021, inclusive, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para los sujetos que revistan la condición de Micro o Pequeñas Empresas inscriptas en el ‘Registro de Empresas MiPyMES’ y/o desarrollen como actividad principal alguna de las actividades económicas afectadas en forma crítica”, indica la Resolución General 4996/2021.

Y agrega que, a su vez, mediante dicha resolución “se suspendió por idéntico plazo la traba de embargos sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como la intervención judicial de caja, cuando se trate de los restantes contribuyentes y responsables”.

Considerando que el Impuesto a la riqueza “tiene como finalidad morigerar los efectos adversos generados por la pandemia” y que “constituye un instrumento fundamental para ampliar y fortalecer las fuentes de financiamiento del Estado Nacional en el marco de la emergencia sanitaria”, la AFIP decidió que la suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares, “no será de aplicación respecto de los montos reclamados correspondientes al aporte solidario y extraordinario”.

Pese a esta decisión, el organismo estableció un nuevo plan de pagos. El último régimen de facilidades estuvo vigente hasta el pasado 28 de abril para la cancelación de las sumas adeudadas en concepto del precitado aporte – conjuntamente con sus intereses y multas- incluyendo las sumas adeudadas resultantes de la actividad fiscalizadora de dicha administración. Ahora abrió un nuevo plan de pagos hasta el 30 de septiembre.

Fuente: Minuto Uno.