El Consejo de Fiscales expresa su opinión sobre el Proyecto de Ley n° 069/20 que dispone transferir a la Justicia Provincial la competencia para investigar y juzgar los delitos de “narcomenudeo”.-
Que la prevención, investigación y sanción de los delitos denominados de narcotráfico forman parte de un Plan de Política Criminal diseñada para todo el país en cuya ejecución se hallan involucradas agencias gubernamentales federales y provinciales.
Que un cambio en el actual diseño requiere contar previamente con una evaluación acerca de los resultados obtenidos con el modelo vigente y la redefinición de los objetivos, que deben ser claramente explicados a la ciudadanía como destinatarios finales de las políticas públicas.
Asimismo, toda innovación que se pretenda implica rediseñar los distintos ámbitos involucrados que exceden la órbita de las agencias de represión estatal comprendiendo esferas tan diversas como las áreas judiciales, sociales, culturales y de salud, con el consecuente gasto público que deberán soportar los habitantes de la provincia.-
Que desde otra perspectiva, cabe notar que el contexto histórico en el que se alumbro la ley de desfederalización, hace poco más de 15 años, es muy diferente al actual. Solo a título ilustrativo en ese periodo en la provincia del Chubut se crearon dos juzgados federales –Rawson con competencia exclusiva en materia penal y Esquel- y se acoto la competencia territorial del juzgado federal de Comodoro Rivadavia reduciéndola a la atención de los casos de los departamentos Escalante, Sarmiento y Senguer de nuestra provincia.
A ello se agrega que la Reforma Judicial anunciada en el curso de esta semana por la Administración Fernández prevé el fortalecimiento del servicio de justicia federal del interior del país, que en el caso de la provincia de Chubut implica la creación de dos Juzgados Federales con competencia exclusiva en materia penal en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Esquel.
Lo mencionado deja a las claras la ausencia de coordinación entre las agencias gubernamentales a la hora de diseñar políticas públicas que contribuyan a menguar los altos niveles de inseguridad que calan profundo en la ciudadanía.-
Que también cabe hacer notar que en el periodo transcurrido desde la sanción de la ley de transferencia de competencias se advierte una mutación de las conductas delictivas consecuencia del inusitado desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. La nueva realidad está provocando debates profundos en el mundo en orden a las políticas de persecución criminal. Precisamente, los temas preponderantes pasan por la cooperación y complementación de agencias estatales con el fin de alcanzar mejores resultados en cuanto a la prevención y sanción de las conductas en infracción a la ley penal.
Como se puede apreciar en un mundo globalizado en el que el delito no reconoce fronteras nacionales o internacionales esos debates están muy lejos de propiciar segmentaciones o compartimentos estancos pues el éxito de la prevención y eventual sanción dependen hoy más que en ninguna otra época de una articulación eficiente de los estamentos gubernamentales en pos de una estrategia global para hacer frente a las diversas formas de criminalidad.-
A las consideraciones efectuadas se agregan las evaluaciones económicas, extensamente desarrolladas en las opiniones vertidas por las organizaciones y autoridades que se han expresado sobre el punto.-
Por ello exhortamos a los Señores Legisladores a propiciar un debate transparente y con amplia participación ciudadana como escalón previo a introducir una modificación en la política de seguridad como la que se pretende.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.