Tras el rechazo de planteos de algunos defensores por suspender una vez más el inicio del debate y luego de escuchar de boca de los fiscales el relatos de los hechos investigar y los cargos contra cada uno de los imputados en la causa “Embrujo”, el tribunal de enjuiciamiento resolvió pasar a un cuarto intermedio para mañana a las 8.30 para comenzar a escuchar a los testigos del debate.
De esta manera luego de cinco meses de marchas y contramarchas, se inició el primero de los juicio orales tras una investigación de más de un año realizada por la Unidad Especial de Investigación de delitos contra la administración pública, creada especialmente a principios del años pasado por el procurador general del Chubut Jorge Miquelarena.
El tribunal del juicio está a cargo de los jueces Marcela Pérez, Ricardo Rolón y Alejandro Soñis. Cabe destacar que los tres magistrados fueron designados por sorteo.
La causa está caratulada como “Correa, Diego Miguel y otros, presunta asociación ilícita”. Los fiscales del caso son los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams.
Los imputados
Los acusados son 12: Diego Correa, Diego Luther, Natalia McLeod, Daniela Souza, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa, Federico Gatica, Jorge Godoy, Giuliana McLeod, Dario Correa, Christian Guisande y Rubén Reinoso.
Los defensores Matías Cimadevilla y Omar López fueron quienes realizaron distintos planteos técnicos en los que basados en jurisprudencia, intentaron suspender una vez más el inicio del debate, pero tras un breve cuarto intermedio de análisis de los argumentos de las partes, ambas posturas fueron rechazadas. Luego el defensor Damián D’Antonio logró que en uno de los delitos que se le imputa a Daniela Souza, el de defraudación, se la investigue por solo cinco hechos.
Posteriormente quedó abierto el debate y los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez hicieron una detallada descripción de los hechos que fueron investigados. En este sentido dieron cuenta de la trama ideada para que los 12 imputados se hicieran de fondos públicos mediante la creación de las empresas Dual Cuore y Sepat, adquirir propiedades, vehículos y terrenos en distintos puntos de la provincia para finalmente mediante otra empresa creada, Mezeta Consulting, proceder al lavado de los activos. De esta manera el grupo logró hacerse del dinero suficiente como para comprar siete vehículos en general de alta gama, además de hacerse de terrenos, chacras y propiedades en Rawson, Trelew, Playa Unión y Lago Puelo.
También se refirieron a los cargos contra cada uno de los imputados. Ya en la etapa final de la audiencia, en el alegato de inicio del juicio, con distintos argumentos, uno a uno los abogados defensores se encargaron de destacar que el Ministerio Público Fiscal no podrá probar los hechos que se investigan. En algunos casos incluso anticiparon que solicitarán la absolución de sus clientes
El jefe de la asociación ilícita
En el caso de Diego Correa, será acusado como jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. Según los fiscales, Correa durante su paso por Fontana 50 hizo gastos que exceden ampliamente su capacidad económica de acuerdo a sus ingresos. Afirmaron que aumentó su patrimonio en 35 millones de pesos.
Un ejemplo es una membresía en la cadena de Hoteles Iberoestar por más de 28.000 dólares para sus vacaciones, más de veinte viajes al exterior entre 2013 y 2018 y la posesión de 22.500 euros al momento de su detención. De acuerdo a las valuaciones, secuestros en efectivo, documental e informes, Correa “incrementó de manera apreciable e injustificada” su patrimonio durante el tiempo que fue funcionario.
Los otros imputados
Diego Luters. Está acusado de miembro de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. Los fiscales lo califican como “un eslabón esencial en la estructura delictiva”.
Federico Gatica. Lavado de activos agravado por habitualidad. Este último concepto fue objetado por su abogado defensor, Javier Romero
Natalia Mc Leod. Miembro de la Asociación ilícita, en concurso real enriquecimiento ilícito.
Daniela Souza. Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en concurso real con enriquecimiento ilícito.
Sandro Figueroa. Miembro de la Asociación ilícita, en concurso real con enriquecimiento ilícito, y lavado de dinero.
Juan Carlos Ramón. Miembro de la Asociación ilícita, en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.
Jorge Godoy. Es maestro mayo de obras, empleado administrativo de la Policía provincial aunque adscripto a la Municipalidad de Rawson. Se lo imputa de enriquecimiento ilícito como partícipe necesario.
Giuliana Mc Leod. Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, cuatro hechos consumados, y dieciséis hechos tentados, los que a su vez concursa idealmente con negociaciones incompatibles.
Darío Correa, es hermano de Diego Correa. Se lo acusa por Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, los que a su vez concursa idealmente con negociaciones incompatibles.
Rubén Reinoso. Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.
Christian Daniel Gisande. Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, dos hechos consumados y ocho en grado de tentativa, en carácter de coautor, la que a su vez concursa materialmente con el delito de Usurpación de autoridad.
Comienzan los testigos
Para mañana miércoles a las 8.30 se espera que comiencen a desfilar los testigos. Se espera que a lo largo del día declaren 14 testigos, todos del Ministerio Público Fiscal. El primero de ellos será Juan Carlos Núñez, responsable operativo de la investigación. Las partes y el Tribunal mantuvieron la idea original de sesionar tres veces por semana, durante la mañana y por la tarde.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.