Los vecinos que sufrieron las tareas de inteligencia de un agente de la AFI pidieron a través de sus abogados que se mantenga el procesamiento de los altos jefes policiales y funcionarios judiciales.
Tal como adelantara este medio se llevó a cabo días atrás, en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, una nueva audiencia para tratar el procesamiento dictado por el juez federal Guido Otranto de los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini, y del subcomisario Claudio Alfredo Rodríguez y el comisario Adrián Alejandro Muñoz, acusados de reunirse con el agente de la Agencia Federal de Inteligencia que presentó las fichas con fotos e información de una treintena de personas vinculadas al No a la Mina o a distintas luchas sociales en la zona cordillerana.
“Fue una repetición de la audiencia que tuvimos en mayo del 2017”, comentó después de participar de la instancia judicial el Dr. Osvaldo González Salinas, víctima del espionaje que participó como abogado querellante junto al Dr. Gustavo Macayo y la Dra. Sonia Ivanoff, representante legal del longko mapuche Facundo Jones Huala.
Recordó Salinas que “la Cámara de Apelaciones de Comodoro había dictado un fallo desprocesando a los policías y fiscales, y luego nosotros recurrimos al tribunal federal de Casación en Buenos Aires, desde donde anularon la sentencia de Comodoro Rivadavia diciendo que no eran válidos los argumentos para desprocesar. Comodoro Py ordenó otra vez el proceso de apelación con nuevos integrantes de la Cámara elegidos expresamente para esta causa”.
Por ello la audiencia fue presidida por jueces de Trelew, Comodoro y Ushuaia y explicó que bajo ese marco los imputados pidieron el desprocesamiento y las víctimas que se mantenga.
Para quedar fuera del proceso judicial señaló que “los policías argumentan una cuestión técnica: que ellos fueron citados como testigos al comenzar la causa, así que no pueden luego ser denunciados como imputados. El testigo está obligado a declarar la verdad entonces no puede ser procesado, porque el procesado no está obligado a declarar. Sus defensores entienden que están mal procesados”.
La defensa de los fiscales por su parte argumentó que hubo torpeza, “que pensaban que el espía estaba autorizado para entregar el material de inteligencia. Algo que señalamos como una contradicción, porque el defensor particular de Rivarola dijo que no se dio cuenta que podía ser un delito, y después dijo que pensaba que estaba autorizado. Entonces si pensaba que estaba autorizado sabía que necesitaba una autorización, y entonces es porque sabía que la reunión estaba prohibida”.
Además Salinas dijo que hay otra cuestión, “cómo puede ser que no se haya dado cuenta de la existencia de un delito un abogado que es fiscal. Quiere decir que fueron elegidos sin tener las condiciones para ser fiscales, o conocían perfectamente lo que estaban haciendo, a sabiendas de que estaban cometiendo un delito”.
Desde los abogados que integran la acusación “pedimos que se mantengan los procesamientos y ahora el nuevo tribunal deberá definir si los mantiene o los desprocesar para con otros argumentos. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia con estos nuevos integrantes tiene que apelar a argumentos nuevos para desprocesarlos, así que entendemos que va a ser muy difícil que los desprocesen”.
Indicó que el juez Otranto “los procesó porque sin autorización judicial ni de los jefes de la AFI se reunieron los fiscales y jefes policiales con un agente de la ex Side. Es delito que un espía entregue material de inteligencia a cualquier miembro del poder judicial sin autorización. Es un delito porque constituye una intromisión en la vida privada de las personas. Y esto saltó porque en una causa se encontraron fichas de 30 vecinos de Esquel pertenecientes al movimiento del No a la Mina donde aparecían datos de la vida privada”.
Mientras la Cámara de Apelaciones define los recursos presentados por los policías y fiscales acusados del espionaje ilegal todavía queda pendiente el juicio contra el espía de la AFI, quien ya tendría previsto ampararse en “órdenes de sus superiores”. También resta esclarecer el rol del segundo agente de la AFI radicado en esta ciudad que habría tenido participación en las tareas de inteligencia y la elaboración de las fichas.