Directivos de escuelas secundarias de la zona participaron días atrás de un encuentro con integrantes del Ministerio Público Fiscal para abordar situaciones que afectan a estudiantes y fortalecer las herramientas de intervención de las comunidades educativas.
El objetivo del encuentro fue avanzar en la construcción de herramientas de prevención y acompañamiento frente a distintas situaciones de violencia y vulneración de derechos que pueden afectar a estudiantes.
La actividad se desarrolló en el Colegio Salesiano y fue articulado entre la Fiscalía y el sector educativo a través del EOATE. La propuesta apunta a implementar posteriormente espacios destinados a docentes y comunidades educativas de los últimos años del nivel secundario.
De la actividad participaron la fiscal jefa María Bottini, el fiscal Martín Roberson, la procuradora de Fiscalía Paula Bestene, la funcionaria Morena Broggi Underwood, las profesionales del SAVD Romina Percivale, responsable local del Servicio, y Margarita Rodgers, además de Susana Ponce, del área de Capacitación.
Los riesgos
Durante la jornada se pusieron sobre la mesa diferentes problemáticas que pueden presentarse en el ámbito escolar y que requieren una respuesta coordinada de las instituciones. Entre ellas se abordaron el ciberacoso, la violencia digital, los noviazgos violentos y los delitos informáticos, además de situaciones relacionadas con la convivencia y la vulneración de derechos.
Las autoridades también trabajaron sobre los protocolos de intervención, la importancia de contar con redes interinstitucionales y una introducción a la nueva ley penal juvenil.
La propuesta contempla llevar estos contenidos a las escuelas mediante talleres, espacios de reflexión y charlas participativas, a cargo de profesionales de la Fiscalía.
El rol de la escuela
Uno de los puntos centrales planteados durante el encuentro fue la responsabilidad que tienen los establecimientos educativos frente a posibles situaciones de violencia de género o abusos que involucren a niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, Bottini remarcó que los docentes, en su condición de funcionarios públicos, tienen la obligación legal de denunciar cuando toman conocimiento de determinados hechos que puedan constituir delitos. La escuela, sostuvo, ocupa un lugar fundamental como espacio de protección y puede convertirse en un ámbito donde una víctima encuentre acompañamiento y pueda romper el silencio.
La fiscal también destacó la importancia de que, ante una situación de estas características, los educadores puedan realizar una escucha activa, registrar adecuadamente lo ocurrido y articular con las autoridades escolares y los organismos correspondientes, evitando intervenciones que puedan perjudicar a la persona afectada.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que el objetivo de estos encuentros es fortalecer el trabajo preventivo, la promoción de derechos y el acompañamiento de las trayectorias educativas, entendiendo que la articulación entre la Fiscalía, las escuelas y otros organismos resulta clave para detectar situaciones de riesgo y brindar respuestas adecuadas.
