Este jueves comenzó el juicio por la muerte de Alejandro ‘Tino’ John, el vecino de Lago Puelo que fue abatido durante un operativo policial el 27 de mayo de 2021. La historia que llega a los Tribunales busca establecer responsabilidades penales, pero también pone en discusión cómo el Estado actúa frente a las personas con padecimientos mentales.
En el banquillo de los acusados están el sargento Luis Américo Moggiano, señalado como autor del disparo fatal, y los comisarios Omar Martínez, exjefe de la Comisaría de El Hoyo, y Cristian Soto, exjefe del GEOP. El caso, que conmocionó a la Comarca Andina, intenta responder si la Policía cumplió con su deber o violó los protocolos de abordaje para casos que involucran a personas con problemas de salud mental.
Durante la primera audiencia, Alfredo Pérez Galimberti, representante de Claudia Costa Basso, pareja de John, se hizo cargo del alegato de apertura por parte de las querellas. El abogado describió la intervención policial como “un operativo de guerra”. En su exposición, aseguró que ‘Tino’ —que atravesaba una crisis vinculada a su trastorno bipolar— estaba solo en su chacra de cinco hectáreas y no representaba un peligro para nadie más. “Lo acorralaron como a un conejo en la madriguera”, enfatizó, al cuestionar el uso de bombas de humo, estruendo y un disparo a la cabeza que terminó con su vida.
El fiscal Martín Robertson coincidió en que la actuación fue desmedida e injustificada. A partir de lo actuado por Carlos Díaz Mayer en los primeros meses de investigación, la Fiscalía no acusa a Moggiano, pero sostiene que los comisarios Martínez y Soto deben responder por incumplimiento de los deberes de funcionario público. De acuerdo con su planteo, ambos sabían que se trataba de una persona con un padecimiento mental y aún así avanzaron sin la presencia del personal médico que la propia orden judicial exigía.

Del otro lado, las defensas representadas por Fabián Gabalachis (Moggiano), Martín Moris (Martínez) y Oscar Romero (Soto) rechazaron las acusaciones. Gabalachis argumentó que Moggiano actuó no solo en cumplimiento del deber, sino también en legítima defensa, luego de que John efectuara disparos contra él.
Los defensores de Martínez y Soto, en tanto, insistieron en que ambos cumplieron con la ley y con las órdenes judiciales. Aseguraron que no tenían autoridad para detener el avance del GEOP.
Cabe aclarar que la acusación contra estos dos comisarios cambió a último momento: pasó de homicidio culposo a incumplimiento de deberes del funcionario público. La modificación fue técnica, para evitar la nulidad del juicio, según expusieron los querellantes luego de la audiencia, aunque redujo considerablemente la expectativa de pena. Para Moggiano, por su parte, los acusadores piden que se lo declare culpable de homicidio agravado por su condición de policía, con una expectativa de pena de prisión perpetua. En la audiencia los 3 tenían derecho a declarar, pero eligieron no hacerlo.
En la tarde del jueves, los jurados populares se trasladaron a Las Golondrinas para conocer la chacra donde ocurrieron los hechos. El viernes comenzarán a desfilar los testigos por el salón de la Asociación de Magistrados (Darwin 762) donde se desarrolla el juicio. El debate será interrumpido durante el fin de semana eleccionario y retomará el lunes 27 de octubre. Se prevé que se extienda -por lo menos- hasta el viernes 31.
























