Concejales de bloques minoritarios del Concejo Deliberante accionaron a partir de la falta de aprobación del Código Tributario. Esta situación dio lugar a una resolución municipal, firmada por las secretarias de Hacienda, Paula Neuwirth, y de Gobierno, Mariela Sánchez Uribe, prorrogando la norma que establece los impuestos para el año 2023.
Sin embargo, los ediles subrayaron que esto se encuentra fuera de las atribuciones del Ejecutivo, ya que las leyes impositivas deben ser sancionadas sí o sí desde el órgano legislativo. En este contexto, los representantes de los bloques de la oposición municipal hicieron una presentación ante el Tribunal de Cuentas y denunciaron penalmente el cobro de impuestos realizado desde enero de 2023.
El concejal Osvaldo González Salinas, uno de los firmantes de la denuncia y de los que más viene advirtiendo esta situación hace algunos meses, analizó: “La gente está pagando por inercia y el intendente, más allá de las atribuciones que tiene, dictó una resolución, que ni siquiera la firmó él, se la hizo firmar a la secretaria de Hacienda y a la secretaria de Gobierno, prorrogando el Código Tributario del año pasado, cosa que es ilegal”.
El edil del Frente Vecinal Esquel (FVE) sostuvo que Ongarato “se encaprichó en que con la resolución es suficiente”. Afirmó que lo que los contribuyentes “están pagando de buena fe no tiene ninguna base legal”: “Ningún vecino de Esquel está obligado a pagar ningún tributo, lamentablemente, porque están desfinanciando el municipio. Si la gente hoy no quisiera pagar impuestos, nadie se lo podría exigir”.
González Salinas reveló que una herramienta es abonarlos “bajo protesta”: “Después de pagar el impuesto se presenta una nota dirigida al señor intendente, diciendo que se pagó determinado impuesto bajo protesta porque no hay norma vigente que establezca los impuestos, y se pide que esa plata pagada sea tomada a cuenta cuando exista la ordenanza correspondiente”.
El carril penal, un camino obligatorio
El concejal del FVE aclaró que la denuncia penal por esta situación “no la hicimos porque quisimos, estamos obligados”: “Cuando un funcionario público, en este caso los concejales, sospecha que puede haber un delito, tiene la obligación de hacer la denuncia, después será la justicia penal la que diga si es o no”.
También remarcó que está “en contra” de judicializar la política, excepto “en el caso que se sospeche que puede haber un delito, en eso no es cuestión de opinión sino de obligación, de lo contrario cometemos nosotros el delito de omisión de denuncia”. “Judicializar la política en nuestro caso hubiera sido ir a la justicia civil para que decida que esos impuestos no se deben cobrar, pero no lo hicimos”, consideró.
En el Tribunal de Cuentas, en tanto, esperan respuesta hace un largo tiempo. “Lamentablemente trabaja con muchísima demora, de meses y meses, entonces no sé si va a salir una respuesta con un dictamen antes de que termine el mandato el intendente actual, pero también teníamos la obligación de hacer la presentación”, indicó.
“Están en un callejón sin salida”
González Salinas afirmó que “hubo tres o cuatro intentos de aprobar el Código Tributario y por una u otra razón no se hizo”: “La última fue un proyecto del propio bloque oficialista, y en el momento que pregunté si se daban cuenta que estaban diciendo que todos los impuestos cobrados hasta acá son ilegales, retiraron el proyecto, quedó sin discutir y están en un callejón sin salida, no saben cómo solucionarlo”.
Para el concejal hubo “mucha mala fe” por parte de Ongarato porque “hizo firmar a las secretarias para no aparecer él, pero es una opinión mía”.
En estas línea, si bien “nadie está obligando” a los contribuyentes a seguir pagando sus impuestos, para ciertos trámites se exige estar al día: “Por ejemplo, quien va a renovar su licencia de conducir si no paga la tasa correspondiente no le dan la licencia, por lo tanto se ve obligado a pagarla, ahí sí podría haber un delito, que es obligar a un contribuyente a pagar un impuesto si no hay una ley que lo establezca, pero son los especialistas en derecho penal los que tendrán que decir si lo hay o no”.