“Hay una grave problemática que atraviesa el comercio de la ciudad respecto a los embargos que trabó la AFIP”, señaló la concejal del Frente Vecinal Esquel, María Martínez, al justificar un proyecto de declaración aprobado días atrás en sesión ordinaria.
La edil del Frente Vecinal presentó un proyecto de declaración que fue acompañado por su pares en la última sesión ordinaria de la Casa de las Leyes realizada a fines de la pasada semana en el complejo cultural “Melipal”.
La declaración indica que en noviembre del año 2021 el Congreso de la Nación sancionó la ley 27653, llamada Ley de alivio fiscal, que “otorga una amplia y generosa moratoria a todos los contribuyentes endeudados con la AFIP”.
Señala que la “ley permite cancelar las deudas con vencimiento original hasta el 31 de agosto de 2021, sin sanciones y con un mínimo interés” y que es un “alivio de las cargas tributarias para los contribuyentes que, por efecto de la pandemia, se vieron impedidos de cumplir con el pago”.
El documento aprobado en el HCD aclara que “el plazo para acogerse a sus beneficios vence el próximo 29 de abril. No obstante, a pesar de no haber vencido aún el plazo para adherir a la moratoria, esta última semana la AFIP notificó a un gran número de comerciantes, profesionales y contribuyentes en general que les había iniciado juicio de ejecución por esas deudas y, lo que es más grave, les trabó embargos sobre sus cuentas bancarias”.
Los concejales aseguran que esta situación “le causa un doble perjuicio al contribuyente: por un lado, el embargo de sus cuentas le impide el normal desenvolvimiento de su actividad y, por otra parte, le hace más costosa la cancelación de sus deudas porque, al ser demandados judicialmente, debe hacerse cargo de los honorarios de los abogados de la AFIP”.
A través de la declaración, el Concejo Deliberante expresó “su más enérgico rechazo a la iniciación de juicios de ejecución fiscal por deudas alcanzadas por la Ley de alivio fiscal N° 27.653, lo que constituye un atropello a los derechos de los contribuyentes que, de buena fe, esperaban regularizar sus deudas tributarias mediante el mecanismo previsto por la ley y se encuentran sorpresivamente con sus cuentas embargadas y el entorpecimiento que ello le provoca en el normal desarrollo de sus actividades”.
Además, los ediles piden a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que “se abstenga de promover ejecuciones fiscales por deudas alcanzadas por la Ley 27.653 de Alivio Fiscal y el inmediato desistimiento de las iniciadas”.