Lo resolvió el juez Gustavo Castro y está dirigido al Ministerio de Seguridad de Chubut. Fue tras rechazar un hábeas corpus presentado por vecinos que se manifestaron en defensa del medio ambiente.
El juez penal Gustavo Castro emitió hoy una resolución a través de la cual recomienda al Ministerio de Seguridad de Chubut que elabore un protocolo de actuación para los funcionarios policiales que intervienen en las movilizaciones y manifestaciones que se desarrollan en la zona. También aconseja la conformación de un consejo en el cual estén integradas las asambleas populares a los fines de organizar futuras protestas en la provincia.
El hábeas corpus colectivo rechazado fue presentado por una persona que integra los grupos que se han manifestado en defensa del agua, la salud y la vida en la Provincia del Chubut. La presentación fue realizada por la ciudadana Silvina Borgia y reclamó la protección para las personas que participen de las movilizaciones, como así también el libre tránsito y que no repriman este tipo de protestas.
Castro rechazó el hábeas corpus por entender que en la presentación no se daban los requisitos que exige la ley para el caso. No obstante, el juez sostuvo que le asiste razón a quienes presentaron el escrito en cuanto a las obligaciones que tiene el estado provincial respecto de la protección de los derechos humanos, y en especial los derechos de reunión.
Fue así que en su resolución recordó al Ministerio de Seguridad que se encuentra vigente una resolución de la Cámara Penal de Trelew del año 2014 que ordenaba tanto al Gobierno Provincial como a la Legislatura del Chubut que “garantizara la asistencia a las sesiones del órgano legislativo como así también la seguridad de los participantes”.
En su resolución el juez recomendó al Ministerio de Seguridad “la elaboración de un protocolo de actuación para los funcionarios policiales, como así también se conforme un consejo con la debida participación de los asambleístas a fin de organizar futuras protestas”. También ordenó remitir una copia de la audiencia al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de delitos, tal lo denunciado por los demandantes.