En diálogo con La Portada, Marcos Ponce, uno de los querellantes de la causa en representación de Donato John, hijo de la víctima, expresó su malestar luego de lo sucedido este martes. “Veníamos a una audiencia para sortear el jurado y comenzar a trabajar con una probable fecha de juicio para octubre. Pero, sorpresivamente, las defensas, de manera conjunta, presentaron minutos antes de la audiencia un escrito recusando al juez”, explicó el letrado.

La recusación recayó sobre el juez José Luis Ennis, de quien los defensores cuestionan su imparcialidad. “Esto lo que hizo fue demorar la continuidad del proceso. El juez resolvió abrir audiencia para que se expresen oralmente, como establece el Código, y que las partes podamos argumentar”, explicó Ponce.

Para el querellante, el planteo carecía de fundamentos y estaba fuera de tiempo porque “las partes citan la resolución del Superior Tribunal de Justicia que tiene fecha el 9 de septiembre y todas las partes tomamos conocimiento en ese momento”. “Hoy dicen que se habían notificado el 11. Esta razón es lo que nos da a nosotros el argumento para decir que es extemporáneo, porque el Código establece dos días para estas causales de recusación”, justificó y dejó claro que debía haber sido presentada la semana anterior.

“Se está usando una herramienta para algo que no está pensado: la recusación es como una llave francesa, pero la están usando para martillar”, graficó. A pesar de todo esto, Ennis no lo consideró así y aceptó el recurso, por lo que se corrió de la causa y ahora la cuestión debe ser evaluada por otro magistrado.

La estrategia defensiva, según Ponce, apunta a que el hecho nunca llegue a ser juzgado. “Yo creo que todos los planteos de la defensa van en esa dirección. Uno de los defensores manifestó que no querían que este juez continuara porque todas las resoluciones habían sido favorables a los acusadores. La decisión fuerte de ellos es dilatar lo más posible para que el plazo de duración del proceso se coma la realización de este juicio”, señaló.

El 15 de noviembre, la fecha límite

En ese sentido, Ponce recordó que existe un límite clave que preocupa a la parte acusadora. “El artículo 146 del Código Procesal establece un plazo razonable de duración del proceso, que no puede superar los tres años desde la apertura de la investigación. En este caso, la investigación contra el sargento Moggiano se abrió el 16 de noviembre del 2022. El 15 de noviembre del 2025 se cumplen tres años, y ese día se puede plantear que ya no hay posibilidad de llevarlo a juicio. La demora pone en serio riesgo la realización efectiva del juicio”, subrayó.

Ponce puso en tela de juicio la actuación del Estado en este caso, porque la acusación contra Moggiano, señalado como el efectivo que disparó, fue sostenida únicamente por las querellas. “El Ministerio Público Fiscal se corrió de la acusación y pidió su sobreseimiento. Nosotros, los querellantes, somos los que lo estamos acusando. Nos llevó más de un año y medio lograr que abran la investigación, y eso recién ocurrió en 2022”, explicó.

Respecto a los otros dos imputados, los comisarios Soto y Martínez, la investigación se abrió recién en 2024, tras un recurso de la querella: “Fue un proceso muy complejo. El fiscal de Lago Puelo (Díaz Mayer) consideraba que no había elementos para imputarlos, y logramos revertirlo con un recurso ante el Procurador General”.

El querellante no descartó que, de continuar estas maniobras, el Estado argentino pueda ser responsabilizado internacionalmente por denegación de justicia. “La tutela judicial efectiva es una garantía que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos. Si no se cumple, puede generar responsabilidad del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya hay fallos en esa línea, como el caso Bulacio. Una eventual condena implicaría una sanción económica contra el Estado nacional, pero eso no repara la falta de justicia para la familia”, remarcó.

Con apenas dos meses por delante hasta el 15 de noviembre, la situación es crítica. Agregó que en su carrera judicial “nunca había estado tan apremiado por los tiempos que puedan llegar a condicionar la suerte de un juicio”.

Finalmente, Ponce destacó que la intención de los familiares de John es conseguir la justicia que merecen: “No estamos pidiendo el escarnio ni el apedreo público para nadie, estamos pidiendo un juicio, una garantía constitucional, que un jurado popular pueda determinar si son culpables o inocentes. Después de cuatro años y medio de espera, eso es lo mínimo que corresponde”.