La reciente publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma profundamente la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) generó fuertes críticas desde la sede del organismo en Esquel, en consonancia con lo que se generó en todo el país. Tanto el director local, Nicolás Nagahama, como el secretario general de APINTA Seccional Esquel, Lucas Gallo Mendoza, alertaron por las consecuencias que traerá la pérdida de autonomía institucional y la concentración de poder en manos del Ejecutivo Nacional.
En diálogo con la prensa, Nagahama explicó que el decreto, compuesto por diez artículos, “modifica el decreto ley 21.680 del año 56” y representa un giro sustancial en el funcionamiento del organismo. “Se quita la autarquía del INTA y pasa a ser un organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que a su vez depende del Ministerio de Economía”, señaló.
El director indicó que el cambio más relevante es la eliminación del consejo directivo como cuerpo de toma de decisiones. “Hasta ahora, el INTA tomaba sus decisiones a través de un consejo integrado mayoritariamente por representantes del sector agropecuario, productores y asociaciones. Ahora, las decisiones las tomará una sola persona: el presidente del INTA, designado por el Poder Ejecutivo”, sostuvo.
El doctor en Ciencias Biológicas aseguró que “esto trae aparejado un mayor control gubernamental, pérdida de autonomía y reducción de funciones como la extensión, el fomento, el financiamiento y la dirección de programas”.
Nagahama también advirtió que el decreto elimina la participación de la academia en el consejo directivo. “Ya no estarán más los representantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. También se suprimen recursos que financian la investigación en universidades y entidades privadas”, detalló.
A su vez, alertó que la nueva estructura centralizada pone en duda la capacidad operativa del organismo: “Estamos tratando de entender cómo esta nueva estructura podrá llevar adelante todas las tareas de planificación y ejecución que tiene el INTA en todo el país”.
“Una embestida que solo tiene un antecedente”
Por su parte, Lucas Gallo Mendoza comparó la situación con lo ocurrido en la última dictadura militar porque se trata de “una embestida que solo tiene un antecedente”, en el mencionado gobierno de facto. En ese entonces, la institución perdió la autarquía pero “con el regreso de la democracia se recuperó esa autonomía y ahora volvemos otra vez a una situación donde un grupo de iluminados quiere controlar en soledad al Instituto”.
El referente sindical remarcó que se elimina la participación social en la conducción del organismo. “Hoy el poder se concentra en una sola persona, con total autonomía, y eso rompe una estructura que funcionaba bien”, enfatizó.
Gallo Mendoza sostuvo que esta decisión se vincula directamente con intentos anteriores del gobierno nacional por avanzar sobre el INTA. “En febrero no se les permitió eliminar el área de extensión ni despedir a 1.500 trabajadores. Eso les alteró mucho los ánimos y decidieron avanzar con este golpe institucional”, denunció.
Entre los puntos más preocupantes, mencionó que ahora “la Secretaría de Agricultura, que depende del Ministerio de Economía, toma el control financiero. Eso implica que podrían no enviar los fondos al organismo y destinarlos a otros fines”.
También advirtió sobre posibles ingresos irregulares de personal: “Hasta ahora todo ha sido por concurso. Pero cuando se avasallan las estructuras, uno puede imaginar que a partir de ahora van a entrar muchos por la ventana”.
Buscarán la derogación del DNU
En cuanto a las medidas a seguir, Gallo Mendoza aseguró que desde APINTA se trabajará por la derogación del DNU. “Estamos articulando con organizaciones de productores, concejos deliberantes, comunas, gobernadores, diputados y senadores para generar conciencia y apoyo social. Buscamos que la comisión bicameral dictamine en contra y luego se vote la derogación en ambas cámaras del Congreso”, explicó.
También anticipó acciones judiciales, aunque aclaró que por ahora no se concretaron dado que era imposible “hasta que no saliera el DNU”. “Ahora que ya tiene sustancia jurídica, vamos a avanzar por esa vía también”, destacó.
Respecto a la postura del gobierno provincial, indicó que “el gobernador se ha expresado en más de una ocasión en favor del INTA y en contra de estas medidas, incluso cuando la propuesta inicial era menos salvaje que la actual”.
Finalmente, Gallo Mendoza resaltó el respaldo de la comunidad: “Hemos recibido apoyo de múltiples sectores, desde organizaciones sociales y de productores hasta vecinos. El INTA trabaja con todos los niveles de producción, desde una huerta familiar hasta el mayor productor de exportación, y eso nos da una base muy amplia de acompañamiento”.
Mientras tanto, el decreto permanece vigente y deberá ser tratado por la comisión bicameral del Congreso. En caso de no ser derogado, el nuevo esquema que introduce mayor participación política en el organismo comenzará a regir plenamente, con consecuencias profundas para el funcionamiento y su histórica articulación con el sector productivo, la ciencia y la sociedad.