Andrea Molachino, referente del grupo de vecinos autoconvocados que exige aclarar el funcionamiento de la Cooperativa 16 de Octubre, manifestó su desacuerdo tanto por la forma en que se está llevando a cabo la veeduría dispuesta por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) como por el proceso de reglamentación de las audiencias públicas.
En diálogo con La Portada, Molachino comentó que hace algunos días tuvieron “una charla muy cordial, aunque breve” con el vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna.
Durante el intercambio, los vecinos consultaron sobre la posible conformación de una empresa provincial de energía eléctrica. Menna aseguró que, si bien la situación se encuentra en seguimiento, “no es un tema en agenda” en la Legislatura, y mencionó que circula la idea de formar una sociedad anónima provincial para la provisión de energía eléctrica.
Disconformidad con la veeduría
En cuanto a la veeduría impuesta en la Cooperativa 16 por el INAES, Molachino criticó la forma en que se desarrolló el proceso. “No pudimos hablar con quien la está llevando a cabo, ni se avisó de su llegada”, sostuvo. Según explicó, el veedor municipal, que es el intendente Matías Taccetta, les facilitó posteriormente un acta. El operativo contó con la presencia de tres personas, entre ellas un abogado, una abogada y una contadora.
Molachino subrayó que en el acta no se solicitó información que consideran clave, como los registros contables de recaudaciones a terceros, los informes de la auditoría externa, ni la presencia de los síndicos. “Nos llama la atención que este grupo de veedores no haya convocado a los síndicos para que vigilen lo que se está haciendo”, agregó la vecina.
La resolución del INAES, comunicada el 7 de noviembre del 2024, preveía una veeduría permanente con designación de un veedor pagado por la Cooperativa; sin embargo, la intervención se limitó a dos días y se desconoce si habrá nuevos informes o acciones.
Cuestionamientos al reglamento de audiencias públicas
Otro punto de crítica del grupo se centra en la reglamentación de las audiencias públicas aprobada por el Concejo Deliberante. Dicho reglamento obliga a la Cooperativa a informar su cuadro tarifario cada tres meses. Sin embargo, Molachino afirmó que la multisectorial, autora del proyecto original, no fue invitada a participar en la comisión de elaboración del reglamento.
“A primeras vistas parecía un cortar y pegar de otra ciudad, ya que mencionaba asociaciones de defensa del consumidor que en Esquel no existen”, cuestionó. Finalmente, valoró que por insistencia de la oposición se logró un nuevo texto que permite la participación de cuatro vecinos del colectivo durante la audiencia pública.
No obstante, para Molachino resulta insuficiente para garantizar el espacio democrático: “Realmente esperábamos una audiencia pública abierta, con un espacio de participación garantizado para todos”.
El colectivo autoconvocado espera que tanto el INAES como las autoridades provinciales revisen y completen la información recopilada en la veeduría, contrastándola con los expedientes de las cuatro denuncias que han impulsado la acción. “Creemos que, en un mínimo acto de coherencia, deben cruzar la información y pedir todos los datos faltantes que evidencian algunos agujeros grises”, afirmó Molachino.