Escaló en los últimos días la polémica por la millonaria deuda que canceló la Municipalidad de Esquel por un edificio en la calle Darwin que nunca utilizó. Concejales realizaron una presentación judicial para que se realice una investigación preliminar. “Buscan algo que no existe“, se defendió el intendente Sergio Ongarato.
A comienzos de esta semana los ediles Valeria Saunders (Chubut al Frente), Hernán Alonso (Por Esquel), María Martínez (Frente Vecinal) y Matías Peláez (PJ) presentaron una nota ante el Ministerio Público Fiscal para que se abra una investigación preliminar que determine si existió o no delito en el pago de los 3 millones de pesos por el famoso alquiler.
El mencionado pedido elevado días atrás a la fiscal María Bottini plantea que la solicitud es a fin de garantizar la “transparencia” y llevar “tranquilidad” a los vecinos de la ciudad. Es precisó mencionar asimismo que en el Honorable Concejo Deliberante también se habilitó una comisión investigadora.
Ayer martes, después de entregar microcréditos, el intendente Ongarato salió al cruce de los concejales opositores. “Lo que están buscando es la espectacularidad del tema”, se quejó y agregó que no tiene sentido acudir a la Justicia cuando puertas adentro de la Casa de las Leyes se constituyó una comisión investigadora.
“Primero pidieron una comisión y ahora ven que no les sirve para obtener los resultados que estaban buscando”, machacó el mandatario local en diálogo con la prensa, añadiendo enojado que “buscan algo que no existe” en clara alusión a un hecho de corrupción.
Cuestionó además que los bloques de la oposición “buscan con estas actitudes manchar a mucha gente que integra el gobierno municipal”. Reveló también que “en algún momento ellos me dijeron que iban por todo. Ya lo escuché a eso y así está nuestro país”.
Planteó que “nosotros no vamos por todo sino simplemente por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos de Esquel. Eso es para lo cual estamos trabajando. Lo que han hecho tiene que ver con la espectacularidad de la noticia”.
Volvió a indicar que no hubo delito ni hecho de corrupción, en el pago de los 3 millones por unas oficinas que no se usaron, sino “un error administrativo que se origina fundamentalmente en que la obra para usar el edificio (de calle Darwin) no se hizo. El problema principal arranca en la obra que no se ejecutó”.