El gobernador Mariano Arcioni rubricó el pasado domingo el acta acuerdo de recomposición salarial con el Consejo de Bienestar Policial. El mismo alcanza a agentes activos y pasivos de la fuerza y equivale una erogación de 220 millones de pesos mensuales para el Estado provincial. El acta establece un aumento de 5 mil pesos al sueldo básico a partir de diciembre y equiparar el concepto de zona del personal policial.
La información indica además que las sumas correspondientes a la deuda en concepto de ajuste por inflación ya reconocida (cláusula gatillo) serán abonadas en dos cuotas con los salarios de febrero y marzo del año próximo. Y que estaría el compromiso de reiniciar el diálogo entre las partes para analizar, en abril de 2022, un incremento en el porcentaje del concepto de antigüedad. Hasta aquí la información que marca una mejora salarial para el personal policial cuyo reclamo se hizo sentir en diversos puntos de la provincia.
En las primeras horas de ayer, no obstante, comenzaron a escucharse mensajes de los vecinos en los medios de comunicación respecto de este acuerdo. Muchos lo consideraron importante teniendo en cuenta que eso garantiza la prestación del servicio de seguridad, pero muchos otros cuestionaron que se priorizara a los trabajadores de este ámbito y que no se considerara de igual manera – al momento de otorgar un incremento salarial – a docentes y trabajadores de la salud.
De hecho estos sectores, como el resto de la administración pública, debieron aceptar una mínima recomposición salarial la cual no fue consultada – y mucho menos discutida – con los gremios que representan a los trabajadores en el marco de una paritaria.
Muchos vecinos se preguntan ¿es más importante para el Gobierno de Mariano Arcioni la seguridad que la salud y la educación? Más allá de cualquier respuesta se encuentra el malestar que aleja a los trabajadores en lugar de unirlos en la lucha por un salario digno, que cubra la Canasta Básica, que permita proyectar y que no se agote mucho antes que se termine el mes.