Los fiscales del juicio por la emergencia climática se opusieron al pedido de suspensión de juicio a prueba en donde además varios imputados ofrecieron reparar el ilícito cometido. Los ofrecimientos se realizaron antes del inicio del accidentado debate, debido a las restricciones sanitarias y la gran cantidad de imputados, defensores y operadores judiciales presentes en la sala 2 de la Oficina Judicial.
“Si bien los imputados tienen derechos, también tiene derecho la sociedad por saber lo ocurrido”, dijo entre otros argumentos el fiscal general Omar Rodriguez destacando además el tipo de delito que se trata, relacionado con fondos públicos y la situación de emergencia climática que sufría la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad aprovechada para cometer los ilícitos. Para el fiscal Axel Williams, las circunstancias en que se ejecutaron los ilícitos fueron “especialísimas y de suma gravedad. No es lo mismo defraudar al Estado en una circunstancia de normalidad, que en una situación de emergencia”, refirió. Además destacó postulados de las Naciones Unidas en donde se imparte la necesidad de ser severos respecto de los delitos de corrupción.
La primera solicitud fue del defensor de la imputada Marta Fracasso que le vendió colchones, frazadas y toallas a la provincia, destinadas para los afectados de manera más grave por esa situación de emergencia climática. Por el delito que se sospecha cometió, le cabe una pena de entre 2 y 4 años de prisión. El defensor Omar López dijo que la mujer a la que asiste, está en condiciones de pagar 600.000 pesos en dos cuotas a manera de reparación. Hizo alusión a su situación personal, a jurisprudencia existente y a leyes de Bangkok, Tokio y Londres relacionadas con la cuestión de género, pedido especial que sea tenido en cuenta por el Tribunal.
El defensor Damián D’Antonio pidió lo mismo para su asistida Cecilia Sabada que ofreció 54.000 pesos por un solo ilícito por la que fue investigada y Fabián Gabalachis por su cliente Estanislao Finiguerra ofreció colchones por el plazo de tres años para entregar a hospitales públicos. Por su parte, el defensor Abdo Mayauik quien asistió a dos imputados, también solicitó la suspensión de juicio a prueba y ofreció una reparación de 300 mil pesos por cada uno de sus defendidos, pagados en seis cuotas de cien mil pesos.
El tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino, el próximo jueves 15 de abril a las 09:00hs dará a conocer la resolución de todos los planteos previos realizados por los defensores.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.
