La concejal del Partido Justicialista en Esquel, Lis Aguirre, presentó un proyecto de ordenanza a través del cual insta al Ejecutivo Municipal a elaborar una planificación y un programa de formación para dar cumplimiento a las capacitaciones de la Ley Micaela.
El municipio de Esquel adhirió el 22 de agosto de 2019 a la ley provincial VII N° 129 “Ley Micaela” de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
Desde el bloque justicialista, la concejal Aguirre elaboró un proyecto de ordenanza donde argumenta la importancia de que el municipio dé cumplimiento a la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Asimismo tiene por objetivo “transmitir herramientas y (de) construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación y transformen las prácticas concretas de cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas”.
Aguirre sostuvo que “es fundamental generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres como manifestación de la discriminación que las afecta, su magnitud, sus consecuencias negativas para las sociedades en su conjunto y también brindar herramientas para la prevención”.
Planteó en este sentido que “se requieren acciones permanentes de capacitación y sensibilización a toda la comunidad, en este caso, a todos los servidores públicos”. Además señaló que “muchas de las demandas sociales, sobre todo en los últimos años, guardan relación con la necesidad de visibilizar las desigualdades y violencias que sufren las mujeres y diversidades por su sólo condición de tales”.
La concejal del PJ recordó que la ley establece en su artículo 5 que “los organismos públicos podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.
También señaló que en su artículo 6 la ley establece que “los planes y propuestas de formación deberán ser enviadas dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, pudiéndose realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad”.
Aguirre advirtió que la Ley Micaela establece en su artículo 9 que “el incumplimiento de la realización de la formación y capacitaciones previstas en la presente ley, sin justa causa, es considerada falta grave, dando lugar a las sanciones, conforme la normativa vigente en los regímenes disciplinarios internos. Cada organismo administrativo deberá adecuar las reglamentaciones internas a la presente ley”.
En este sentido la concejal apuntó que el municipio “habiendo adherido a la Ley el 22 de agosto de 2019, no dio cumplimiento a los plazos establecidos”. Por este motivo instó al Ejecutivo Municipal a elaborar una planificación y programa de formación, según los lineamientos de la Ley N° 27499, en el plazo de 30 días de sancionada la misma, y sostuvo que también deberá establecer un cronograma de implementación de la formación, contemplando a toda la administración pública municipal.