La Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS) advirtió que unas 180 pymes del sector atraviesan una realidad por demás compleja y que están siendo “empujadas hacia la quiebra”. Reclaman medidas urgentes al Gobierno Nacional.
“Debido a las fuertes pérdidas acumuladas al estar trabajando con márgenes muy inferiores a los necesarios para cubrir los costos de operación, unas 180 pymes se encuentran en estado terminal, empujadas hacia la quiebra”, señala un duro comunicado.
La problemática cobra fuerte sentido en las ciudades de Trevelin, Esquel y buena parte de la región cordillerana ya que una gran cantidad de familias utilizan la modalidad de gas envasado para la calefacción de sus hogares.
En diálogo con Aire del Valle, programa de la FM del Valle de Trevelin, Mario Brandizzi, directivo de la Cámara, aseguró que la situación de las empresas “es desesperante” porque “los márgenes brutos de la actividad están desactualizados con la inflación del 2015 a la fecha”.
Recordó que vienen planteando el reclamo ante autoridades nacionales de la anterior y la actual gestión de Gobierno. Dijo que la inflación acumulada en los últimos cinco años está arriba del 400% mientras que la actualización del margen bruto en igual período fue 140%.
“Hablamos de un desfasaje del 300%”, precisó, añadiendo que son alrededor de 300 las firmas encargadas de hacer la distribución de gas licuado en el territorio argentino con una estructura significativa entre recursos materiales y humanos.
Señaló que poco más del 40% del país consume gas envasado y avisó que esa operación lógicamente implica una movilización de costos. Reiteró que las condiciones actuales ponen en jaque a las pymes, las cuales hacen malabares para cubrir el servicio.
Acotó que durante los meses de pandemia lejos estuvieron de parar y que por el contrario creció la demanda ya que la gente permaneció más tiempo en su casa. “En definitiva tenemos que asumir un costo de estructura caro y no se ha visto en los márgenes brutos”, cuestionó.
Aseguró que la crisis actual se llevó a varias empresas del sector y empleos. “No vamos a dejar que se caigan las 300 y por eso hacemos este llamado a las autoridades de la Secretaría de Energía de Nación”, manifestó.
Comentó que no están en condiciones de cumplir con los aumentos salariales acordados en paritarias justamente porque “no podemos ajustar el producto”, indicando que la garrafa de butano que comúnmente se consume “está regulada por el Gobierno con precios máximos de referencia”.
“Lo que nosotros estamos planteando es que la autoridad de aplicación regule el precio y que actualice el margen bruto a través de un mejor precio de quien nos fracciona el producto o con un subsidio del Estado”, remarcó.
Avisó que este panorama alienta a los vendedores clandestinos. “Es decir esa persona que con una camioneta carga 50 garrafas y las distribuye en un barrio, no tiene empleados en blanco ni seguro obligatorio”, expresó.
Afirmó que la venta ilegal prolifera “cuando no se pueden costear los precios de la estructura que significa ser un distribuidor oficial. Debemos defender a las empresas legalmente constituidas”, amplió en la entrevista radial con el periodista Gustavo de Vera.