El 8 de octubre arranca en Esquel el juicio contra Werther Aguiar, médico legista de la Policía Federal acusado de filtrar las fotos del cadáver de Santiago Maldonado a poco de ser encontrado aquel 17 de octubre del 2017.
“El delito del que se lo acusa es el previsto en el Artículo 157 del Código Penal, que tipifica la revelación de hechos, actos o documentos que deban permanecer en secreto, en razón de que el sujeto es un funcionario público”, explicó a este medio el fiscal Federico Baquioni, a cargo de la subrogancia de la Fiscalía Federal de Esquel.
En ese sentido, aclaró que la pena establecida para ese delito es de un mes a dos años e inhabilitación especial de 1 a 4 años. “Es un delito que dentro de la clasificación de los delitos se lo considera correccional porque no tiene una pena elevada de prisión, y por eso es que la Fiscalía que intervino en la instrucción también interviene finalmente en el juicio”, acotó.
Desde la Procuración adelantaron que el juicio contra el médico Werther Aguiar, que estará a cargo de la jueza de Comodoro Rivadavia Eva Parcio de Seleme, se desarrollará entre el 8 y el 11 de octubre en la sede del Casino de Oficiales de la Policía del Chubut, ubicado en Rivadavia al 970 de esta ciudad.
Ya en febrero de este año la Fiscalía Federal había solicitado la elevación a juicio señalando que el mencionado profesional había sido el responsable de la difusión de imágenes obtenidas el 17 de octubre de 2017 durante el examen preliminar del cadáver realizado en la Morgue Judicial de esa ciudad.
Durante el examen, el juez Gustavo Lleral -a cargo de la instrucción de la causa que investigaba la desaparición de Santiago Maldonado- autorizó tanto a Aguiar como al secretario del juzgado, Leonardo Barzini y al perito de parte de la querella, Alejandro Inchaurregui, para tomar fotografías. Pocas horas después de lo acontecido dentro de la morgue, las imágenes del cuerpo sin vida de Maldonado habían sido viralizadas por diversas redes sociales, al punto de ser publicadas en medios de comunicación.
Luego de analizar casi una veintena de elementos de prueba, la Fiscalía solicitó al Juzgado Federal de Esquel que se enviase la causa a juicio oral por el presunto incumplimiento de Aguiar de la obligación legal de guardar secretos derivada de su doble función de médico y funcionario policial, una acción prevista y reprimida en el artículo 157 del Código Penal.
Formalizada la denuncia, se lograron obtener las fotografías tomadas por Barzini e Inchaurregui, como también copia de la filmación realizada por una médica de la morgue judicial y un integrante de Criminalística de la Policía Federal Argentina.
Tras comprobar que las fotografías no coincidían con las que circularon en los medios, se descubrió en el video a Aguiar sacando fotografías en los mismos ángulos a los de las fotografías filtradas en redes sociales. Se solicitó el secuestro del celular, pero no se pudo concretar con la urgencia requerida, ya que el hombre viajó de “imprevisto” a Córdoba. Una vez de regreso, se lo interceptó en el aeropuerto y se le incautó el teléfono. Sin embargo, una vez peritado se comprobó que el aparato que entregó era otro.
La hora de la verdad
“Por ahora se puede informar que los días 8, 9 y 10 de octubre se va a estar haciendo el juicio en esta causa donde la Fiscalía ha considerado que existen elementos, o pruebas suficientes”, dijo el propio Baquioni, quien hizo hincapié en que “el juicio es la realización de todas las garantías procesales que tiene una persona, es la instancia procesal que la ley Argentina establece para determinar la posición que una persona tiene frente a la sociedad. Para determinar si, en este caso, Werter Aguiar es responsable de la acusación que se le formuló”.
Bajo este marco comentó que “se reproducen todos los testimonios o pruebas escritas en una instancia concentrada de dos o tres días. Donde concurren todos los testigos, y luego en una instancia posterior de alegatos, todas las partes que intervienen en el proceso formulan alegaciones y asumen una posición, ya sea incriminante o desincriminante”.
Para la Fiscalía, el derecho a la intimidad quedó vulnerado en el momento que las fotografías del cuerpo fueron exhibidas a personas que no habían participado del examen del cadáver, y sobre todo cuando tomaron estado público como consecuencia de la difusión generalizada que habría posibilitado el imputado una vez que las envió a sus contactos de la red de mensajería. Al momento de requerir la elevación a juicio, se argumentó además que la participación de Aguiar no fue sólo por su carácter de funcionario de la Policía Federal Argentina, sino también como médico.