La marcada crisis económica, el desempleo y los salarios que no alcanzan a cubrir los gastos de la Canasta Básica hacen replantear el nivel de gasto de cada familia y a qué se destinarán los escasos recursos. Así, como en otros tiempos, volvieron los comedores, el pedido de asistencia de quienes integran los sectores más vulnerables y una alimentación no acorde con lo que se necesita en cada etapa de la vida.
El informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, publicado por la FAO, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) pone de manifiesto el estrecho vínculo que tienen en América Latina y el Caribe la desigualdad económica y social y los mayores niveles de hambre, malnutrición y obesidad de las poblaciones más vulnerables.
El informe señala que el número de personas con hambre aumentó en la región por tercer año consecutivo: ya afecta a 39,3 millones de personas, el 6,1% de la población. Entre 2015 y 2016, el número de personas subalimentadas había crecido en 200 mil personas. Entre 2016 y 2017, se sumaron otras 400.000.
Argentina, de acuerdo al mismo informe, es junto a Venezuela y Bolivia el país donde más creció la cantidad de personas subalimentadas. Si en el trienio 2013-2015, la prevalencia de personas con subalimentación en la Argentina había bajado al 3,4% del total (1,5 millones de personas), el informe de la FAO la ubica para el trienio 2015-2017 en 1,7 millones de personas subalimentadas (3,8).
Según la FAO, la situación de “inseguridad alimentaria grave”, que en el trienio 2014-2016 aquejaba a 2,5 millones de personas en la Argentina, en el trienio 2015-2017 y la padecen 3,8 millones. Es decir que del 5,8% se llega al 8,7% de la población total.
En nuestra ciudad, recientemente, integrantes del Frente Vecinal Esquel presentaron un informe sobre la alimentación de la población en el cual destacan “una mayor demanda de la asistencia alimentaria” por parte de la población. El informe del FVE asegura que más de 350 personas asisten a merenderos, que se realiza una entrega de 1400 bolsones de alimentos y que más de 120 vecinos reciben viandas para el almuerzo. Y un dato a tener en cuenta, según expresa el informe, los recursos para realizar esta labor de asistencia alimentaria provienen de “donaciones de vecinos, comercios y organizaciones sociales”.
Una persona que no puede garantizar una alimentación adecuada para sí y para los integrantes de su grupo familiar carece de un derecho esencial que traerá- especialmente en los niños y en su óptimo desarrollo – consecuencias irreversibles. Una población que no puede consumir los productos necesarios para alimentarse es un pueblo disminuido al que muchos pretenderán engañar y someter. No pocos creyeron en la “pobreza cero”, pero la realidad hoy marca una situación muy distinta a la que el Estado – en todos sus niveles- tiene la obligación de dar respuesta.
