El juicio se desarrolló a lo largo de la semana pasada. El viernes por la tarde fueron los alegatos de cierre.
El fiscal de Lago Puelo, Oscar Oro, pidió que se condene a Ivana Huenelaf, Daniela Berenice González, Gustavo Jaime y Javier Salvador Ruiz, como coautores de atentado a la autoridad agravado por el uso de arma y por ser más de tres las personas involucradas, a la pena de un año de prisión en suspenso, accesorias legales y costas y a Jorge Luis Buchile, el mismo tipo penal en concurso real con resistencia a la autoridad y lesiones graves, a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso.
Los abogados defensores cuestionaron el planteo fiscal y fundamentaron el pedido absolutorio de todos los imputados.
Oro inició su alegato indicando que la reconstrucción de los hechos se presentó como sumamente difícil, reconoció incluso que es difícil establecer la cronología de algunos sucesos probados.
Todo comenzó el 10 de enero de 2017 en horas de la tarde, cuando en una “porción de campo que se ha denominado Pu Lof en Resistencia Cushamen…” se llevaba a cabo un procedimiento importante por parte de Gendarmería, dispuesto por el juez federal de Esquel. En ese contexto policía de la provincia, que colaboraba con el operativo, observó la presencia de varios animales en el lugar, ovejas y caballos. Había por entonces denuncias por robo de ovinos, para cuya sustracción se habrían empleado caballos.
Realizaron un pedido de allanamiento y con orden judicial ingresaron al predio a secuestrar los animales.
Los hechos investigados y llevados a este juicio, se produjeron inmediatamente después. Un grupo de personas que se encontraban dando apoyo a los ocupantes del predio, vieron que no estaban sus caballos, pidieron ayuda y se organizaron para salir en su búsqueda. Las versiones de la acusación y las defensas comienzan a diferenciarse más claramente a partir de lo que ocurrió una vez que los imputados, a bordo de una camioneta, alcanzaron el camión en el que eran transportados los caballos. Oro, siguiendo la versión policial, da cuenta del ataque de los ocupantes de la camioneta al camión, mediante armas de fuego, objetos contundentes y una bomba molotov que no encendió al impactar.
“Por un lado el grupo armado e integrado por al menos siete (7) personas, cuatro ubicados en el interior de la cabina de la camioneta Isuzu y tres encapuchados subidos en la caja, de los cuales dos se dieron a la fuga sin ser hallados, atentan contra el camión policial dañando su óptica delantera derecha y el parabrisas, procurando detenerlo. Seguidamente Buchile, conductor de la camioneta, arremete contra el Sargento Cristian Amed, resistiendo las señas que éste le hacía, orden clara para que detuviera la marcha, golpeándolo con el paragolpe en la pierna izquierda y causándole una lesión que lo imposibilitó para el trabajo por un lapso aproximado a los tres meses”.
La versión de los abogados defensores da cuenta de una situación confusa y sumamente violenta. Sostienen para empezar que sus defendidos no tenían manera de saber que el camión pertenecía a alguna fuerza estatal, ya que no tenía identificación visible. Solo constataron que un camión no identificado se llevaba sus caballos y se pusieron a la par para indicarle que se detenga. Relatan además que a partir de ese momento fueron atacados con disparos. Que un policía descendió del camión y les apuntó de frente al parabrisas y disparó. Que Buchile solo atinó a huir y que buscaron asistencia en el Hospital de El Maitén, porque creían que iban heridos por los disparos.
Marcos Ponce, defensor de González y Huenchupán, sostuvo que se escuchó la historia en base a documentos oficiales. El acta del procedimiento fue atacada con un planteo de nulidad por el defensor Manosalva, por entender que no cumple con los requisitos que establece la ley. Ponce y Manosalva, sostuvieron que Oro no reunió los elementos necesarios para dictar una condena. El defensor público cuestionó que se quiera usar como objeto de prueba elementos que no respetaron la cadena de custodia. No fueron resguardados los vehículos implicados en el hecho, es “prueba viciada, cadenas de custodia no cumplidas… evidencia alterada, señor juez”. Hizo mención además a fotos borradas de la tarjeta de memoria de la cámara de González, quien fotografió al camión que transportaba los caballos, mientras le daban alcance. “No se puede llegar a un juicio con torpezas, porque las torpezas nos llevan a esto”, cuestionó Ponce. Añadió que la conducta que describe Oro no es delito, “describe una cosa y acusa por otra”.
Manosalva aclaró que tanto los defensores como los imputados están convencidos de que los policías no son todos iguales, pero indicó que los que participaron del operativo de enero de 2017, “estaban cebados”. Planteó la falta de prueba de cargo contra sus defendidos y la inexistencia de conductas que configuraran un atentado a la autoridad.
El juez Martín O’ Connor analiza las pruebas producidas en el debate y los planteos de las partes. Sus conclusiones, volcadas en la sentencia, se conocerán el próximo viernes por la mañana.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.