En una audiencia realizada ante el juez Sergio Piñeda en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, los fiscales Marcos Napoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez imputaron a los detenidos en un procedimiento realizado en toda la provincia el martes.

Los imputan de conformar una “asociación ilícita” dedicada a cometer delitos desde el Gobierno: “Integran una organización delictiva dedicada a recibir en pago coimas y finalmente enriquecerse de forma ilegítima”, afirmó el fiscal Marcos Nápoli, integrante de de la Unidad Anticorrupción que comenzó con el relato de la imputación. Y sostuvo que “nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes”.

Los imputados son los exfuncionarios provinciales Víctor Cisterna, Pablo Oca y Gonzalo Carpintero; junto con los empresarios Patricio Mussante, Daniel Russo, Juan Salaberry y Juan Carlos Villegas, de Trelew; Federico Piccioni, Esteban Torraca y Andrés Ninin, de Comodoro Rivadavia; y Oscar Peña, de Esquel.

Los delitos que se les imputa son los de “asociación ilícita” en concurso con delitos contra la Administración Pública, que prevé penas de prisión de entre 3 y 10 años. Cisterna, Oca, Correa y Carpintero fueron considerados como jefes de esa organización, por lo que pueden ser castigado hasta con 15 años de encierro, según la calificación escogida por los integrantes de la Unidad. A Carpintero además los fiscales le imputaron la figura legal de “enriquecimiento ilícito”.

Para los fiscales “existen elementos suficientes para tener por acreditado que desde diciembre 2015, un grupo de funcionarios integrado por Cisterna, Correa, Carpintero y Oca, actuando con el aval sino expreso al menos tácito del por entonces gobernador Mario das Neves, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por si, o utilizando como medio al Estado Provincial, para enriquecerse ilícitamente”.

“El principal objeto era recaudar dinero de “retornos” de la obra pública que pagaban las constructoras correspondientes a certificados de obra conformados, de modo tal de ser ellos mismos quienes tuvieran la llave maestra que les permita generar el pago inmediato de los montos dinerarios que las compañías debían cobrar fruto de las obras realizadas y ya certificadas”, afirman los fiscales. “Los cobros se hacían en las empresas, en el Gobierno o en las oficinas del partido Chubut Somos Todos”, indicó el fiscal Nápoli.

“Una vez conformada la caja dineraria, Correa y Carpintero distribuían el dinero entre las personas que aparecen nombradas en aquella planilla Excel que tan prolijamente llevaba Diego Luthers”, afirmaron en la audiencia.

EMPRESARIOS

Los empresarios “tienen un papel preponderante pues sin su aporte no habría, desde ya, pago de coima alguno ni sobresueldos que repartir”, sostuvieron los fiscales y afirman cuando no se pagaba en efectivo se entregaban cheques que “se hacían por sumas inferiores a los $50.000, fraccionamiento que es de uso corriente en operaciones que intentan mantenerse fuera del contralor de organismo impositivos (AFIP)”.

DEFENSAS

En la causa, el exfuncionario Víctor Cisterna y los empresarios Juan Salaberry, Daniel Russo y Juan Carlos Villegas son patrocinados por el abogado Emilio Galende; los empresarios Patricio Musante y Federico Piccione por Federico Ruffa; los ex funcionarios Pablo Oca y Diego Correa por el letrado trelewense Fabian Gabalachis;  mientras que Gonzalo Carpintero será patrocinado por Carlos del Mármol. Por su parte, el empresario esquelense Oscar Peña por el abogado porteño Mariano Cuneo Libarona; los empresarios comodorenses Esteban Torraca y Andrés Ninin por el comodorense Guillermo Iglesias, y el ex funcionario Diego Luther por Lisandro Benítez, de la defensa pública.

Foto (Diario El Chubut)