Eduardo Barcesat pasó por Esquel y brindó dos clases magistrales. Una centrada en el uso de los recursos naturales y la otra en el deterioro de la institucionalidad en Argentina. En una entrevista exclusiva con diario La Portada, este prestigioso jurista cordobés habló sobre la necesidad de avanzar sobre las bases de una nueva Constitución Nacional, moderna y capaz de entender los desafíos del Siglo XXI.
LP: En una de sus charlas abordó el aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Qué forma adoptan esas tensiones y oportunidades en Esquel y la zona?
EB: Existe un problema especifico sobre el aprovechamiento de la energía eléctrica y la megaminería. Me asusté un poco cuando me enteré que al 95% de la capacidad de la Hidroeléctrica la absorbe Aluar y el 5% queda para la población. Pagan un canon irrisorio. Estamos dando una mano para que el Instituto Futeleufú tome la personería jurídica y después así plantear primero una recomposición del canon. Segundo, que en el 2025 cuando vence la concesión (de la Hidroeléctrica), empecemos a aplicar lo que dice la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos que sería que esto es titularidad del pueblo. No tiene otro encastre. Hay que salir de la visión privatista para convertir esto en algo que sea administrado como bien de dominio público y con participación de todos los interesados.
En la zona hay una experiencia enorme de lo que significa luchar contra la degradación de la naturaleza, la ruptura de los biosistemas y la contaminación del agua. Esto me parece que son los problemas fundamentales que enfrentará el continente. Sudamérica es rica en términos de biodiversidad; el agua potable, los minerales estratégicos para el desarrollo científico informático, la tierra con aptitud rural y los hidrocarburos. Las guerras futuras serán por el agua potable, por las tierras rurales. Todo eso nos mueve a pensar e impulsar la idea de una nueva Constitución.
LP: ¿Qué debe incluir una revisión del texto constitucional?
EB: Una constitución que no sea un pacto de caudillos sino una obra del pueblo, como debería ser. La expresión más genuina del principio de soberanía del pueblo. Hay que reformar la pata dogmática de la Constitución porque estamos con el proyecto de 1853 de una Argentina agro-exportadora, latifundista, rentista, enfocada en vivir de la producción de la tierra y no en otra cosa. Eso no sirve más. No tutela los recursos y riquezas naturales. Estoy dando una serie de conferencias recorriendo el territorio y propiciando la idea de esta nueva Constitución, además de lo que vamos a modificar en la parte orgánica. Me refiero al Poder Judicial que hay que cambiarlo totalmente, al sistema y las personas.
LP: ¿Cuáles serían los retos primordiales de una nueva Constitución?
EB: En la parte dogmática diría primero la integración con Latinoamérica y el Caribe. Hay que recuperar la UNASUR y la CELAC. En estos momentos estamos inermes en cuanto a cooperación de pueblos y gobiernos progresistas en Latinoamérica. Se han desmantelado esas organizaciones. Se las ha dejado de lado. Siguen existiendo pero no tienen una función política como en otras épocas.
El segundo elemento es la tutela efectiva de recursos y riquezas naturales. Hay una situación paradojal. Los principales tratados internacionales de Derechos Humanos, y destaco los pactos internacionales de Naciones Unidas del año 66, tienen una singularidad y es que la cláusula primera del derecho civil y el de derecho económico es la misma: el derecho a la autodeterminación, la independencia económica y la titularidad de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales. No son de los estados ni de los gobiernos sino de los pueblos.
Tenemos que hacer políticas de Derechos Humanos. Los catálogos ya los incorporamos. Tener un tratado puede ser para la vidriera institucional pero no se aplica adentro. Hay que hacer políticas de Derechos Humanos, es decir llevar lo conceptual -la norma- a la vida real y transformar la realidad. Cuando un Estado adopta un pacto de derecho económico, social y cultural adquiere una obligación de resultados y eso tiene que ser exigible. Después vendrá la parte orgánica de la Constitución donde todos estamos de acuerdo. Ahora veremos si nos ponemos de acuerdo en cómo hacerlo. Tener un Poder Judicial representativo y republicano. Hoy no hay ninguna de las dos cosas.
LP: ¿Está a favor de un Estado Plurinacional?
EB: Desde ya. Ecuador, Bolivia y Venezuela son un ejemplo de constitucionalismo social latinoamericano, del concepto de bien vivir que se corresponde también con el socialismo Siglo XXI. Todo esto me parece que puede constituir un enorme acervo de constitucionalismo social en el que tenemos que tomar inspiración y entender que es parte de nuestra integración con el continente americano. Hemos vivido mirando a Europa y Estado Unidos. Es hora de que miremos a donde realmente estamos.
LP: ¿Hay en la actualidad un Gobierno con voluntad política de avanzar en una reforma totalizadora de esta naturaleza?
EB: No, ni remotamente. Este Gobierno es el anti-paradigma de los Derechos Humanos y del estado de derecho cuya piedra basal es la división de poderes. La muestra última y la idea más paradigmática es el megadecreto. Estaba en funcionamiento el Congreso y en lugar de enviar tres proyectos de Ley sacaron un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) donde en los fundamentos dicen que se pierde mucho tiempo en el debate, que la cuestión puede demorar. El DNU quebranta lo que dice la Constitución Nacional en la regulación de los propios DNU. Hice una denuncia al respecto. Uno ve aquello de que el Poder Legislativo ha sido vaciado en sus potestades. Estamos ante un derrumbe institucional.
LP: En su segunda exposición en Esquel habló sobre “neoliberalismo y el deterioro de la institucionalidad en la Argentina”. ¿Cómo lo explica?
EB: Es visible hasta para un patronato de invidentes. Iniciaron con una ráfaga de decretos y DNU. Los más importantes los sacaron por decreto simple. Así fue el decreto de emergencia en seguridad interior. Modifican procedimientos e introducen la pena de muerte a través de la Ley de Derribo. Nombraron bases para el nuevo pacto federal. Una estafa para poner a las provincias de rodillas y obligar a los gobernadores a que supliquen para cubrir los gastos. El Congreso en lugar de atender a la bondad institucional de las iniciativas lo que hace es pensar en que si voto negativo mi Gobernador me mete una patada. Respecto al neoliberalismo, son nombres que se ponen. En realidad es el conservadurismo más rancio. Es el proyecto oligárquico del derecho para unos pocos. Es como sería en el patriciado romano. Toda la normativa tiende a beneficiar exclusivamente al patriciado que instaló este gobierno y nosotros somos súbditos. Esto es lo que tenemos que recuperar, la condición ciudadana.
RECUADRO
¿Quién es Barcesat?
Es un abogado (78 años) constitucionalista defensor de los Derechos Humanos. Nació en Córdoba pero estudió en Buenos Aires, donde es profesor universitario hace más de 50 años. A lo largo de su carrera realizó decenas de trabajos de investigación. En 1994 fue convencional nacional constituyente y participó en la reforma de la Constitución.