El juez de Faltas de Esquel, Juan Colihueque, recibe en promedio casi un acta de infracción cada dos días. Analiza los expedientes por separado, evalúa las circunstancias y aplica el correctivo correspondiente de acuerdo al cuadro tarifario vigente. Es un trabajo habitual, de oficina y rutinario, pero que esconde una grave problemática.
Explicó el funcionario a La Portada que la ordenanza actual (N ° 289/14) establece un piso de 200 módulos y un máximo de 600. En dinero es de 8 mil a 24 mil pesos. Agregó que resuelve de acuerdo a la gravedad del caso. La persona involucrada puede hacer el descargo. “Se respetan todos los derechos constitucionales del ciudadano”, aseguró.
Comentó que contempla la situación total. Puede suceder que el conductor de un vehículo tenga el mínimo permitido de alcohol en sangre pero que haya causado daños a un tercero. Un agravante. “Hay cuestiones que llevan a incrementar la sanción. En función de la Ley de Tránsito contamos con las facultades para duplicarla o incluso triplicarla”, señaló.
Colihueque consideró, por último, que la temática en cuestión es consecuencia directa de un serio -y doloroso- inconveniente de tipo social que viene manifestándose con fuerza ya hace un tiempo largo y que merece la atención especial de múltiples actores: “el gran consumo de alcohol que existe en la ciudad”.
La ordenanza vetada
En septiembre del año pasado el Ejecutivo vetó una ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante sobre la modificación en el cuadro tarifario de multas. Por circular en infracción a lo establecido en el inciso a) del artículo 48 Ley 24.449 el mínimo en módulos propuesto en esa oportunidad era de 1500 y 3000 el máximo. El intendente Sergio Ongarato lo entendió excesivo. Hoy con un módulo a 40 pesos la sanción hubiese costado entre 60 mil y 120 mil pesos.