La concejal advirtió sobre presuntas irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales, y reclamó una consulta previa a la Comunidad Nahuelpan antes de avanzar con la adjudicación del predio.
La edil del Frente Vecinal Esquel, Evangelina Chamorro, presentó un informe sobre el proyecto denominado “Centro Regional de Soluciones Ambientales Integrales”, impulsado por la empresaria Vanina Fiori, que contempla la instalación de un crematorio y, en etapas posteriores, infraestructura destinada al tratamiento de residuos patológicos y lubricantes en el Parque Industrial de Esquel.
La iniciativa fue presentada ante el Concejo Deliberante y el Municipio de Esquel con el objetivo de obtener la adjudicación de cinco hectáreas para desarrollar el emprendimiento. Según la propuesta, la primera etapa estaría destinada a la instalación de un crematorio para la ciudad, mientras que posteriormente se incorporarían hornos para el tratamiento de residuos patológicos y, en una tercera instancia, residuos vinculados a lubricantes, que requieren procedimientos específicos.
La empresa Fiori, dedicada a servicios funerarios en Esquel, planteó una inversión de 27.500 dólares por la adjudicación de 5.000 metros cuadrados. La impulsora del proyecto sostuvo que la infraestructura se ajustaría a la normativa vigente y a los controles correspondientes de la Provincia.
El proyecto busca atender una demanda existente en la ciudad, dado que actualmente Esquel no cuenta con un servicio de cremación. Las familias que requieren esta prestación deben trasladarse a otras localidades, como Bariloche o Trelew, con los consiguientes costos y dificultades logísticas.
El pasado miércoles, la Comisión de Legales del Concejo Deliberante recibió a representantes de la comisión de promoción del Parque Industrial, de la Cámara de Comercio, del órgano asesor del Parque Tecnológico Industrial y a Vanina Fiori, impulsora del proyecto.
En ese marco se analizaron las características de la propuesta y su eventual localización dentro del Parque Industrial.
Chamorro, sin embargo, manifestó su rechazo al avance de la iniciativa y sostuvo que cualquier decisión sobre el emplazamiento debe contemplar previamente a la Comunidad Nahuelpan.
Cuestionamientos
En su informe, Chamorro sostiene que el expediente presenta “serias falencias técnicas, ambigüedades jurídicas y omisiones de fondo respecto del bloque de legalidad ambiental y constitucional vigente”.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el objeto del emprendimiento. Según la concejal, existe una confusión entre las distintas actividades que se pretenden desarrollar. “Existe una incongruencia conceptual y material a lo largo de las 78 fojas del expediente sobre qué tipo de planta se pretende instalar y habilitar”, señaló.
El proyecto es presentado inicialmente como un crematorio humano y tratamiento térmico de residuos patológicos, pero en la memoria descriptiva incorpora una segunda etapa vinculada con el tratamiento y valorización de residuos provenientes de la industria de lubricantes y otros residuos peligrosos.
Chamorro también observó que dentro de los informes técnicos se mencionan distintas categorías de residuos contempladas por la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, entre ellas residuos clínicos, farmacéuticos y medicamentos vencidos, además de aceites usados y restos de animales.
Otro punto señalado es la existencia de alternativas técnicas diferentes para el tratamiento de los residuos. La edil indicó que el expediente menciona tanto la esterilización mediante autoclave como la incineración, sistemas que tienen características y consecuencias ambientales diferentes.
Impacto ambiental y ubicación
Chamorro también cuestionó lo que considera un “fraccionamiento ambiental encubierto” del proyecto. Según su análisis, la iniciativa debería evaluarse teniendo en cuenta las actividades que ya se desarrollan en el entorno del Parque Industrial.
En ese sentido, recordó que el Parque Industrial de Esquel se encuentra en el área de influencia del Boquete Nahuelpan y próximo a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Uno de los ejes centrales del planteo de Chamorro es la necesidad de realizar una consulta previa, libre e informada a la Comunidad Nahuelpan antes de avanzar con la adjudicación del terreno.
Según su interpretación, la eventual instalación de infraestructura para el tratamiento térmico de residuos patológicos y lubricantes requiere considerar los posibles impactos sobre el territorio y garantizar la participación de la comunidad antes de que se consoliden derechos sobre el predio.
A esto sumó las disposiciones del Acuerdo de Escazú en materia de acceso a la información, participación pública y protección de quienes intervienen en asuntos ambientales. “Pretender adjudicar un predio industrial para tratamiento de patológicos mediante una ordenanza directa sin haber celebrado una sola audiencia pública ni haber publicado el estudio de impacto ambiental a la ciudadanía de Esquel y de Nahuelpan es inconstitucional”, sostuvo.
Chamorro además afirmó que los planos de arquitectura, instalaciones sanitarias, ventilación y electricidad presentados “no pertenecen al Parque Industrial de Esquel”, y sostuvo que se trataría de documentación correspondiente a otra localidad.
Participación ciudadana
En sus conclusiones, Chamorro sostuvo que el proyecto debería ser impugnado o rechazado hasta tanto se subsanen las observaciones técnicas y jurídicas que plantea en su informe.
Entre los principales puntos enumeró la documentación técnica cuestionada, la falta de una evaluación de impacto ambiental provincial previa y la ausencia de consideración de la Comunidad Nahuelpan.
La concejal también cuestionó el perfil económico del emprendimiento y sostuvo que se trata de una iniciativa con finalidad comercial que, a su entender, no demostraría beneficios públicos suficientes en relación con los costos que podría generar.
Por último, pidió que no se avance con las instancias administrativas del proyecto hasta que se realice una audiencia pública en Esquel, una consulta previa, libre e informada con la Comunidad Nahuelpan y las demás actuaciones que correspondan conforme al ordenamiento jurídico vigente.