En un esfuerzo por fortalecer la protección de los derechos de adolescentes, se realizó un encuentro clave entre el Ministerio Público Fiscal y representantes del ámbito educativo, con el objetivo de articular acciones, unificar criterios de intervención y consolidar el trabajo en red frente a las problemáticas que atraviesan las aulas en la actualidad.
La reunión fue convocada por el Equipo de Orientación y Apoyo a las Trayectorias Escolares (EOATE), espacio que impulsa estrategias de acompañamiento institucional para las trayectorias educativas, con foco en la prevención y abordaje integral de situaciones de vulnerabilidad.
Por parte del Ministerio Público Fiscal participaron los fiscales Rafaella Riccono y Martin Robertson, junto a la referente de capacitación de la Fiscalía, Susana Ponce. También formaron parte del encuentro equipos técnicos vinculados al ámbito educativo.
El eje central de la jornada fue la articulación de medidas preventivas y la construcción de una red de contención sólida que permita intervenir de manera temprana ante situaciones de riesgo que afecten a niños, niñas y adolescentes.
Durante la mesa de trabajo se realizó un análisis de las principales problemáticas que impactan en las infancias y adolescencias. Entre los temas abordados se destacaron la violencia en los vínculos, incluyendo casos de noviazgos violentos desde una perspectiva de género y prevención; el acoso en sus distintas formas, con especial preocupación por la expansión del bullying hacia entornos digitales como el cyberbullying y el acoso en línea; y la conflictividad escolar, con énfasis en la necesidad de fortalecer canales de comunicación para intervenir de manera oportuna en situaciones críticas dentro de las instituciones educativas.
Capacitación docente
Uno de los puntos centrales del encuentro fue el compromiso asumido por el Ministerio Público Fiscal de brindar acompañamiento y capacitaciones a docentes y equipos directivos. Se destacó que el personal educativo suele ser el primer actor en detectar señales de alerta, por lo que el acceso a herramientas técnicas y jurídicas resulta clave para una intervención eficaz.
“Es fundamental que las instituciones no trabajen como islas. El objetivo es crear redes que permitan atender situaciones conflictivas de manera ágil”, se subrayó durante la jornada.
Nuevo panorama legislativo
Finalmente, se remarcó la importancia del encuentro en el contexto de los cambios en la legislación vigente. Según se expuso, el nuevo marco normativo introduce modificaciones en el abordaje legal de situaciones que involucran a adolescentes, lo que requiere una actualización constante de procedimientos tanto en el sistema educativo como en el ámbito judicial para garantizar intervenciones adecuadas y coordinadas.



















