A más de cuatro años de la muerte de Alejandro “Tino” John, el vecino de Las Golondrinas abatido durante un operativo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) el 27 de mayo de 2021, concluyó el juicio por jurados en Esquel. Los tres policías imputados —el sargento Luis Américo Moggiano, y los comisarios Omar Martínez y Cristian Soto— fueron declarados no culpables por el jurado popular, que entendió que los uniformados actuaron en cumplimiento del deber. El juez técnico a cargo del proceso fue Alejandro Rosales, de Sarmiento.

Cabe mencionar que Moggiano era acusado de homicidio agravado por su condición de policía (con pena de prisión perpetua), dado que fue quien efectuó el disparo fatal. Por su parte, Soto, exjefe del GEOP, y Martínez, jefe de la Comisaría de El Hoyo en aquel entonces, enfrentaban cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público. Asimismo, el sargento había sido señalado solo por las querellas, ya que la Fiscalía —en la primera actuación de Carlos Díaz Mayer en la Comarca— lo había desvinculado del caso.

El proceso judicial concentró mucha atención y el debate se centró en dos miradas contrapuestas: la de las fuerzas de seguridad, que sostuvieron haber intervenido ante un riesgo inminente y respondido a disparos de John, y la de los familiares y organismos de derechos humanos, que denunciaron una intervención violenta y desproporcionada contra una persona que atravesaba una crisis de salud mental.

La defensa, satisfecha

Tras conocerse el veredicto absolutorio, el abogado Fabián Gabalachis, defensor de Moggiano, destacó que “fue un juicio muy duro, muy largo y prolijo”. “Sobre mi defendido pesaba una calificación legal extremadamente grave, y eso le dio un condimento de presión. Fue bastante emotiva la sentencia cuando consideraron que no era culpable”, agregó.

Según Gabalachis, el resultado era coherente con lo que la defensa venía sosteniendo desde el inicio. “Nosotros estábamos muy seguros, hasta el propio Ministerio Público Fiscal lo había desvinculado. Pero la querella siguió acusando, y un juicio es un juicio. Uno no sabe lo que puede suceder en la cabeza de doce personas”, señaló, al tiempo que valoró el trabajo del jurado popular: “Debo felicitar el veredicto al cual llegó el jurado”.

Durante los alegatos, la defensa insistió en que el operativo fue dispuesto en el marco de una orden judicial de allanamiento considerada de alto riesgo y que el GEOP actuó según su protocolo de intervención. “Para que un grupo especial intervenga es porque lo ha solicitado gente idónea”, explicó Gabalachis. “Es un grupo para casos violentos, no son aquellos que vienen a pedir permiso: irrumpen de forma totalmente violenta. La actitud para que intervenga un grupo de esta naturaleza tiene que ser medida y muy estudiada”, aseguró.

El abogado también apuntó contra la actuación de la fiscalía de la Comarca, que —a su criterio— no tuvo el cuidado necesario en la génesis del operativo. En las declaraciones de los imputados Soto y Martínez, que decidieron hacer uso de la palabra en la anteúltima jornada del debate, se cuestionó la actuación de la fiscal Débora Barrionuevo.

“La fiscal interviniente no había tenido el cuidado que había que tener y debería haber estado sentada en lugar de algunos efectivos policiales”, manifestó Gabalachis. Recalcó que “esto no me hace ganar amigos dentro del Poder Judicial, pero no tengo duda de que su conducta no fue diligente. Y a veces el hilo se corta por lo más fino”.

Para la querella, un precedente peligroso

Del otro lado, la querella —representada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y los familiares de Tino John— expresó una profunda decepción por el resultado.

El abogado de APDH, Miguel Wisky, describió el fallo como “devastador” y lamentó que la justicia no haya establecido responsabilidades. “Se trata de la muerte de una persona que era un vecino querido de nuestra comarca y mínimamente lo que uno espera de la justicia es que exista una sanción para aquellas personas que han actuado en forma negligente, en el menor de los casos. La vida es muy valiosa, y este fallo te hace reflexionar respecto del Estado en que estamos”, reflexionó.

Wisky fue más allá y advirtió que el veredicto sienta un precedente peligroso en materia de derechos humanos. “Vos no podés ir con el auto y atropellar a una persona y no recibir ningún tipo de sanción. En un tema donde interviene el Estado, esto es un llamado de atención para el Poder Judicial. Vienen con el GEOP a una casa particular como si fueran a una guerra”, sostuvo.

En este marco, remarcó: “Nosotros no queremos ese tipo de cuidados del Estado, porque cualquiera puede atravesar una dolencia mental y no por eso te puede caer el GEOP y eliminarte. Es un tema grave”.

También cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal, que no acusó al sargento Moggiano. “Todo conjuró para que sea de esta manera, desde el principio, desde cómo se encararon las cosas. Fue un procedimiento brutal, como ir a matar una mosca con un rifle”, señaló.

Visiblemente afectado, Wisky acompañó a Claudia Costa Basso, pareja de Tino John, al conocerse la definición. “Ella estaba muy afectada, viene con un raid de esfuerzo de más de cuatro años para llegar a esta instancia. Esperaba mínimamente una condena y el jurado no lo interpretó así”, comentó. “Tino era una persona que socialmente era parte de nuestro patrimonio, y ahora no lo tenemos más. Es como si su vida no hubiera tenido ningún valor”, graficó.

El querellante también cuestionó el sistema de juicio por jurados: “Me parece una medida política y demagógica, como para hacer creer que la gente participa”.

A lo largo del debate, tanto la querella como la fiscalía pusieron sobre la mesa la necesidad de protocolos claros para la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que involucren a personas con padecimientos mentales. En Chubut, el reglamento de intervención de grupos especiales data de 1993, observó el letrado, y no contempla los avances en materia de salud mental establecidos por la ley nacional.

“Espero que la muerte de Tino no haya sido en vano y que efectivamente encaremos ese cambio. Se hace indispensable, porque esta experiencia tiene que servir; si no, no tiene sentido pertenecer a un Estado”, concluyó Wisky.

Más allá de las valoraciones contrapuestas, el juicio por la muerte de Tino John volvió a exponer una herida abierta e invita a pensar la forma en que las fuerzas de seguridad estatales abordan situaciones tan complejas. Para la familia, el dolor sigue igual de fuerte que hace cuatro años y medio.

Un juicio que no estuvo pensado para el trabajo de la prensa

Desde el comienzo de este proceso judicial no se evidenció demasiado interés por parte del Poder Judicial en garantizar que los periodistas pudiéramos trabajar como corresponde, tal vez con la intención de desalentar la cobertura.

Podría hacerse una larga lista: desde la imposibilidad de ingresar a la Asociación de Magistrados —con la excusa de la falta de espacio—, lo que obligó a seguir todo desde la sala 2 de Tribunales, dependiendo de una conexión que falló en varios momentos e impidió seguir en detalle algunas declaraciones; hasta el impedimento de transmitir en vivo los alegatos y, como cierre, la prohibición de ingresar para realizar las notas posteriores al veredicto, incluso cuando el jurado popular ya se había retirado. Solo se permitió estar en el recinto unos pocos minutos antes de comenzar los alegatos de apertura y, nuevamente, antes de la lectura de la sentencia, para sacar unas pocas fotos y luego retirarse.

Pero, sin dudas, lo más grave ocurrió antes de iniciar los alegatos iniciales: en esa ocasión se intentó impedir que los periodistas grabáramos audio. Se nos informó que solo podríamos tomar notas de manera escrita, “a la vieja usanza”, con lapicera y cuaderno. Todo se justificó en una supuesta resolución del Superior Tribunal de Justicia que nunca apareció cuando la solicitamos, motivo por el cual finalmente debieron dar el brazo a torcer.

A pesar de todo, nos las arreglamos para trabajar durante siete largas jornadas.

¿Es lógico que a la Oficina Judicial no se le haya ocurrido buscar un lugar más amplio para un juicio de tal magnitud? ¿Es razonable que, en plena era digital, se pretenda que los periodistas trabajemos con lapicera y cuaderno? Son preguntas que, seguramente, no tendrán respuesta.