Se llevó a cabo, recientemente, la negociación paritaria del sector docente universitario y preuniversitario en sede del Ministerio de Educación de la Nación. Dicha reunión tuvo como objetivo trasladar la respuesta de las federaciones y gremios nacionales a la propuesta formulada por el gobierno para el cierre de la paritaria 2021 (última revisión correspondiente a febrero 2022) y el comienzo de la paritaria 2022-2023.
Cabe mencionar que la propuesta oficial formulada por el Ministro de Educación Jaime Perczyk y el Secretario de Políticas Universitarias Oscar Alpa para el año 2022, consistió en un incremento escalonado en 4 tramos no acumulativos (13% en marzo, 12% en junio, 6% en agosto y 10% en septiembre), con una instancia de revisión en septiembre próximo.
Conadu Histórica rechazó la oferta de recomposición salarial considerando el bajo porcentaje en el primer tramo (13% en marzo contra 16% acordado con los gremios del Nivel de Educación Obligatoria en la Paritaria Nacional Docente), y la eliminación del Bono por Conectividad que la docencia de las Universidades Nacionales venía cobrando hasta marzo, inclusive.
Verónica Botto secretaria Gremial de la Asociación Docentes Universitarios (ADU) y docente de la Facultad de Ingeniería de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en declaraciones a La Portada sostuvo que desde la Federación “decidimos rechazar la oferta por mayoría” en el marco de un plenario. Y agregó que “la oferta fue rechazada por insuficiente frente a las previsiones de inflación para este año”. Aclaró, en este contexto, que “en nuestra asamblea se decidió por aceptar la propuesta, pero luego se votó en la Federación y allí se depende de la mayoría”.
“Firmamos el acta en disconformidad con el 41% ofrecido”, expresó al tiempo que agregó que “el ítem de conectividad lo sacarían a partir de este mes”.
Para finalizar y al ser consultada respecto de si la firma en disconformidad traerá aparejado inconvenientes para la federación indicó que “como no aceptamos quedaríamos fuera de los fondos para los cursos de capacitación” situación que “ya pasamos en 2019/2020 y fue judicializada. La primera instancia nos dio la razón, pero implica un retraso”.