El Ministerio Público Fiscal de Esquel logró que se declare legal la detención y se formalice la investigación contra una mujer acusada de ingresar por la fuerza a una propiedad y luego intentar huir de los efectivos policiales. Todo comenzó durante la mañana del mismo día, y al presentarse la denuncia puso en marcha un rápido operativo para proteger los derechos de los propietarios.

Los hechos que desencadenaron la intervención

La Fiscalía explicó en la audiencia que los incidentes comenzaron antes de las 10 de la mañana, cuando la mujer ingresó a una vivienda ubicada en la calle Pasteur tras romper un candado de la puerta de entrada. Durante su permanencia en el lugar, que se extendió hasta la tarde, la imputada alegó que había alquilado la propiedad. Sin embargo, se constató que la casa pertenece a una sucesión y que los herederos no habían autorizado ninguna locación.

La situación escaló alrededor de las 16:45 horas. Tras retirarse de la vivienda por su cuenta, la mujer fue interceptada por la policía en la vía pública para ser identificada e informada sobre la denuncia por usurpación. En ese momento, desoyó las órdenes de una oficial de quedarse en el lugar e intentó escapar a pie, lo que derivó en su inmediata detención por desobediencia.

La audiencia

Durante la audiencia vespertina, los funcionarios de la Fiscalía explicaron que la mujer fue aprehendida en flagrancia —es decir, en el momento mismo de cometer el delito de desobediencia— y solicitaron que el arresto fuera declarado legal, pedido que el juez aceptó tras analizar los argumentos.

La Fiscalía imputó a la mujer por dos delitos: usurpación y desobediencia a la autoridad. Si bien la defensa planteó que la acusada podría haber sido engañada con un contrato de alquiler falso, los fiscales remarcaron que el ingreso se produjo mediante la rotura de un candado y que la dueña original de la casa falleció hace años, estando el inmueble deshabitado desde 2013.

Medidas de protección y libertad

Como resultado de la audiencia, se dictó una prohibición de acercamiento por 30 días, tanto hacia la representante de los herederos como al domicilio que fue objeto del conflicto. Aunque la mujer recuperó la libertad, quedó formalmente vinculada al proceso judicial y deberá someterse a la investigación penal.

Asimismo, ante la negativa inicial de la mujer a identificarse en la comisaría, el juez le advirtió que es obligatorio brindar sus huellas dactilares a la oficina de criminalística para avanzar con los antecedentes penales, bajo apercibimiento de ser detenida nuevamente si no cumple con este trámite.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.