Andrea Molachino, integrante del grupo de vecinos autoconvocados por las tarifas de la Cooperativa 16 de Octubre y de la Multisectorial por los Servicios Públicos, manifestó su descontento respecto a las dilaciones en el tratamiento del proyecto de ordenanza que presentaron en diciembre del año pasado. Cabe recordar que la propuesta tiene como objetivo regular los cortes de energía por falta de pago realizados por la entidad prestadora.

“Nos parece grave y serio que la Cooperativa trate de influir en la decisión del Concejo Deliberante, lo cual muestra una falta de respeto al sistema democrático y a la división de poderes”, sostuvo Molachino, en referencia a la nota que envió hace unos días el Consejo de Administración al intendente, Matías Taccetta. En esa misiva, expresaban preocupación por el posible avance de esta ordenanza. El mandatario municipal envió el escrito al cuerpo deliberativo.

Subrayó que quienes manejan la prestadora de servicios públicos “en todo momento fueron invitados al tratamiento de la ordenanza”. Sin embargo, afirmó que solo enviaron a “dos contadores que son fusibles, realmente no tienen ningún poder de decisión”.

Respecto a las preocupaciones expresadas en la nota, consideró: “Hablan de los posibles efectos de la ordenanza, que puede poner en riesgo o dificultar la prestación de los servicios, pero lo único que se pide es una audiencia pública antes de cada aumento para que nos den la información a los socios, a los vecinos y a los usuarios de cuáles son las razones del aumento”.

Molachino destacó que lo que se está solicitando no impide los aumentos de tarifas, solo busca que haya información transparente: “No va a complicar la prestación de los servicios, ni siquiera los inhibe de que hagan el aumento, solo se pide la información en una audiencia pública”. Destacó que la iniciativa se basa en el “resguardo del artículo 42 de la Constitución y la Ley de Defensa del Consumidor”.

Asimismo, cuestionó el argumento de que el convenio impide la implementación de estos mecanismos porque “no es una ley”. Agregó que “a ese convenio le sucedió una reforma constitucional, el advenimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y otras tantas leyes que resguardan los derechos de los consumidores”.

Enfatizó que las normativas más recientes subsanan los errores de convenios antiguos. A su vez, planteó el control que el gobierno municipal, como poder concedente, debería ejercer sobre la Cooperativa: “El intendente se autonombró veedor, cuando él ya lo fue en la gestión de Williams, y dijo que esa función no servía para nada porque la Cooperativa le mostraba los números que quería y no los que necesitaba”. También cuestionó el papel de los síndicos internos, que, según ella, “hasta el momento no los hemos visto controlar nada y dicen a todo que sí al Consejo de Administración”.

En este sentido, señaló: “La principal responsabilidad es garantizar que la empresa preste los servicios, porque se le concede la prestación para que se brinden”. Además, agregó que el Poder Ejecutivo “debería garantizar que se muestren los números y hacer respetar las leyes vigentes en cuanto al establecimiento de tarifas”.

Asimismo, calificó de “reduccionista y primitiva” la postura del intendente sobre que las tarifas no deben pasar por los concejos deliberantes, afirmando que “es muy liviano y una respuesta facilista para tirar afuera las responsabilidades”. Desde su óptica, una cooperativa no se endeuda solo por la revisión de tarifas, sino por múltiples razones, como “la mala administración” y la falta de medidas de ajuste interno.

Finalmente, en cuanto al estado actual del proyecto de ordenanza de la multisectorial, Molachino explicó que sigue en tratamiento en comisión, pero que “de golpe aparecieron del bloque oficialista diciendo que preferían hacer una consulta al asesor legal del Concejo Deliberante”.

Reveló que a pesar de que el asesor legal presentó un informe favorable, “ahora volvimos a pasar a un cuarto intermedio porque dijeron que quieren seguir averiguando con otros profesionales”. Opinó que esto demuestra que “van a seguir buscando algún profesional que les dé el argumento para no aprobar la ordenanza, porque no la quieren aprobar”.

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