La Justicia Federal, a través del Juzgado con asiento en la ciudad de Esquel, hizo lugar al pedido de desalojo, iniciado por el Gobierno del Chubut y la Administración de Parques Nacionales, de un grupo de integrantes de una comunidad mapuche que ocupótierras en el Parque Nacional “Los Alerces”.

La resolución de la Justicia Federal, publicada este miércoles, dispone “la expulsión de Cruz Ernesto Cárdenas, María Belén Salinas y de cualquier otro ocupante asentado ilegalmente dentro de las zonas conocidas como ex Población Felidor Salinas, Seccional El Maitenal, valle del Arroyo Cascada, sus valles tributarios y las nacientes del Arroyo Rañinto”, todas en jurisdicción de la Reserva Nacional “Los Alerces” y del Parque Nacional “Los Alerces”.

En tal sentido, y una vez conocido el fallo, el gobernador de la provincia aseguró que “en Chubut ya no hay lugar para los usurpadores”, y destacó el trabajo de la Justicia Federal, señalando que los desalojados “son pseudo mapuches que se embanderan en falsas banderas de pueblos originarios para cometer delitos”.

“Como gobierno provincial no vamos a permitir nunca más que ningún delincuente afecte, incendie o se apropie de un patrimonio natural que es de todos los chubutenses y de todos los argentinos”, expresó también Torres al celebrar la resolución de la Justicia Federal, y agregó: “Esperamos que el procedimiento de desalojo se arbitre con todas las garantías correspondientes y bajo la debida supervisión de las autoridades judiciales”.

El conflicto, según consta en el texto de la sentencia, se inició cuando comenzaron a ocuparse estos territorios en 2019, expandiendo su presencia mediante la ocupación de terrenos que antes fueron parte de la Población Felidor Salinas y otras zonas aledañas.

La sentencia aclara que los actos de ocupación y vandalismo no están amparados por la ley y, por ende, no justifican la permanencia en los terrenos en cuestión.

La resolución del juzgado contempla la intervención del Ministerio de Defensa debido a que parte del territorio en cuestión se encuentra en una zona fronteriza con Chile. Por eso se dispuso que un Oficial de Justicia, acompañado por personal de la APN y de la Policía Federal, llevará a cabo una constatación judicial para verificar el estado de ocupación y la cantidad de personas en el lugar.