La semana pasada tuvo lugar la audiencia de apertura de investigación por presunta administración fraudulenta en la Mutal Aonikenk, de los empleados de la Cooperativa 16 de octubre.
Tres personas fueron imputadas porque, según lo investigado por la Fiscalía hasta el momento, podrían haber desviado dinero entre los años 2019 y 2022. Se trata de Carlos Moraga, administrador de los fondos de la mutual y jefe de personal de la Cooperativa, Graciela Warrel, tesorera de la prestadora de servicios públicos, y Jorge Vernengo, contador de la mutual.
Según la denuncia presentada por la procuradora de la Fiscalía, Cecilia Bagnato, los acusados habrían falsificado balances, cobrado cheques en efectivo y dado un destino desconocido a ciento noventa y dos millones, setecientos veintisiete mil ciento cincuenta y cuatro pesos, que no ingresaron a las cuentas de la mutual, ni se reflejaron en los estados contables. De esta forma, se habría perjudicado el bien común de los afiliados a la mutual.
Moraga se desempeñaba como administrador de los fondos de la mutual, pero sin tener el cargo de tesorero, y habría dispuesto a su voluntad de los fondos recaudados, ocultando y omitiendo el ingreso de los mismos en la cuenta de la mutual. De este modo, les habría dado un destino incierto a más de 192 millones de pesos, perjudicando los intereses de la entidad.
El jefe de personal de la Cooperativa contaba con la complicidad de dos empleadas de la institución, que cumplían órdenes por ser subordinadas suyas en la entidad.
En el caso de Warrel, que era tesorera de la Coop. 16, se presume que habría cobrado en su mayoría y en efectivo, los cheques que la empresa libraba por los descuentos que les realizaba a los empleados de sus sueldos, por conceptos que debían abonar a Aonikenk.
El dinero se guardaba en una caja fuerte ubicada en la oficina de Moraga, siendo éstos quienes tenían a disposición el manejo del mismo. Los fondos no ingresaron a las cuentas de la mutual, ni están reflejados en los estados contables.
Vernengo, que era el contador de la mutual, habría confeccionado y auditado balances falsos, los cuales habría puesto en conocimiento de asamblea de afiliados con falsedad. De este modo, se ocultaba la registración de operaciones crediticias, intereses y devoluciones de ayudas económicas, por los casi 193 millones de pesos, que no coinciden con los estados contables.
La Fiscalía cree que los imputados habrían actuado en complicidad y coordinación, cumpliendo cada uno una parte de la tarea. Los fondos no ingresaban al sistema contable y no se les permitía a los empleados controlar ni beneficiarse de ellos.
La causa tiene como calificación legal provisoria “Defraudación por Administración Fraudulenta”, delito por el que se imputa a los 3. En el caso del contador, se agrega la confección de balances falsos.
El juez Jorge Luis Ennis dispuso la apertura de la investigación, que se extenderá por 6 meses, y con esto comenzaron a correr los plazos procesales.