La causa por intento de abuso sexual en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia podría pasar al fuero federal. La Fiscalía encabezada por María Bottini está de acuerdo con dar curso a este pedido que hizo el juez Guido Otranto, por solicitud de la defensa del imputado Augusto Ferrari.
En diálogo con La Portada, Bottini aclaró que “todavía no está resuelto” y es la magistrada provincial a cargo del caso, Fernanda Révori, quien tiene la última palabra. “Cuando desde la Fiscalía provincial, que representamos con la Doctora Cecilia Bagnato, pedimos que el caso sea elevado a juicio, la defensa hizo este planteo de que corresponde a la justicia federal”, explicó.
La defensa del imputado le planteó directamente a Otranto que entendía que el caso era de su competencia. El magistrado le corrió vista al fiscal federal Santiago Roldán, quien entendió que tiene competencia del fuero federal.
“Roldán explicó que, si bien parece es un delito independiente de instancia privada, él observaba un modus operandi, una forma de proceder de esa persona y para eso se aprovechaba del rol que tenía como autoridad en la facultad, y podía haber un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, subrayó Bottini. Con todo esto, el juez decidió asumir la competencia y ahora el trámite está en poder de Révori.
La jueza corrió vista a la Fiscalía, que entendió que es “razonable” la decisión de Otranto: “Por dos motivos, uno por los fundamentos que expuso, en la misma línea que el Dr. Roldán, y también que, desde nuestro punto de vista, el planteo que hace la defensa es dilatorio”. Aseguró que buscan “que el caso eventualmente prescriba y no pueda tener una resolución”.
En esta línea, advirtió: “Si la justicia provincial no está de acuerdo con lo que dice Otranto, esto tiene que ir a la Corte Suprema de la Nación en Buenos Aires para que resuelva la competencia, y puede tardar años”. Dijo que evaluando todos estos factores “nosotras no vamos a avalar un planteo dilatorio que haga que las víctimas no tengan justicia”.
Destacó que, por lo que pudieron observar en el dictamen del fiscal Roldán y en la resolución del mencionado magistrado, la Justicia Federal tiene funcionarios “con perspectiva de género”, lo que da “tranquilidad” de cara a la resolución del caso. “Las víctimas van a poder canalizar las demandas de manera correcta. Tenemos en cuenta todo eso para decir que estamos de acuerdo y ahora la que tiene que resolver es la jueza”, detalló.
No obstante, los elementos ya recabados a partir de la investigación de la justicia provincial serán utilizados y no se debe comenzar de cero. “Lo que se va a tener que hacer de vuelta, porque son diferentes las formas procesales en provincia que en el federal, es la parte del requerimiento de elevación a juicio y probablemente pueda el fiscal hacer alguna otra medida de investigación, pero todas las que se hicieron son válidas”, agregó Bottini.
En cuanto a los plazos para la prescripción del delito, comentó que “no tiene una pena alta” por lo que son solo dos años desde que se presentó el requerimiento de elevación a juicio. Esto sucedió en septiembre de 2023, sin embargo “a veces la Corte tarda muchos años en resolver y puede prescribir” en caso de que la doctora Révori no esté de acuerdo con el paso al fuero federal.