La semana pasada, la fiscal jefa del Ministerio Público Fiscal de Esquel, María Bottini, junto a los demás fiscales de la circunscripción, recibió al equipo directivo del Hospital Zonal. La reunión se debió a dificultades suscitadas con la revisación médica a los detenidos. Las autoridades del nosocomio mostraron predisposición para solucionar los inconvenientes.
Al respecto, Bottini señaló que cuando una persona detenida es llevada a Comisaría, debe pasar por una revisación de rutina que permita verificar si está bajo los efectos de alguna sustancia y si presenta lesiones. Esa información es fundamental en relación a la investigación por la que fue aprehendido, pero también para determinar si hay evidencias de algún tipo de violencia que pudiera vincularse a la detención misma.
Subrayó que tienen contacto permanente con los directivos del HZE y “hace un tiempo nos habíamos reunido y acordado que la policía llamara a la guardia cuando tengan una persona, para ver si la llevaban en el momento o un poco más tarde”. Si bien ese dispositivo “funcionaba bastante bien”, lo que ocurrió últimamente es que algunos médicos “se negaron a atender detenidos y esto genera problemas”.
Fiscalía y Policía tienen la obligación de presentar, al momento de una audiencia con un juez, el certificado médico para saber en qué condiciones ingresó a la Comisaría y cómo se retira de la misma al recuperar la libertad. “Si se da que cualquier persona denuncia al personal policial por un golpe que haya recibido en el interior de la comisaría o durante su detención, puede ser la prueba de lo que sucedió”, indicó.
El personal médico que se negó a atender “fue intimado por el fiscal” pero mantuvo su postura. Por esa razón, un detenido llegó a la audiencia sin el certificado correspondiente y “el juez mostró la preocupación por lo que estaba sucediendo”. “Lamentablemente, tuvimos que formar una causa judicial en contra del personal médico involucrado, por el delito de desobediencia”, apuntó.
Bottini recalcó que de parte de la dirección del Hospital encontraron predisposición y “están de acuerdo en que ningún médico se puede negar a atender a una persona”.
Dejó en claro que “las cuestiones personales no pueden jugar frente a una obligación legal” y la intimación judicial que no fue obedecida se registró bajo apercibimiento de “comisión del delito” mencionado.
Agregó que “un detenido denunció a la policía por agresiones”: “En ese caso, queda totalmente desprotegido, porque si nosotros no contamos con el certificado médico, son solo palabras de quien denuncia. Es lamentable, pero es una cadena de personas perjudicadas por esta situación”.
Subrayó que en algún caso, también se adujeron medidas de fuerza gremiales. No obstante, aclaró que la atención por guardia no debería negarse y por eso quedó el compromiso de las autoridades hospitalarias de reunirse con los trabajadores para intentar evitar que se repita una situación así.
Por último, señaló que una de las quejas era la falta de un médico de policía, pero “el personal de salud y el policial dependen del Ejecutivo, y el MPF y los jueces no tenemos injerencia”. Consideró que “se nos traslada un problema que no tenemos posibilidad de solucionar y tendrán que ver de qué manera cumplen con su obligación legal”.