Referentes de la ATECh Regional Esquel, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos brindaron su apoyo a los vecinos judicializados en Rawson y repudiaron la criminalización de la protesta.
Dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut Regional Oeste, integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina brindaron esta mañana una conferencia de prensa para repudiar el procesamiento de 24 vecinos y vecinas de Rawson por los incidentes que se produjeron el 16 de diciembre pasado durante las movilizaciones en contra de la ley de zonificación minera.
Al respecto, el secretario general de ATECh Regional Oeste, Martín Pena, manifestó que “es un momento complejo en nuestra provincia con lo que se viene dando en este último año con la criminalización de la protesta”, y recordó que “hace unas semanas atrás pasamos todos juntos en unidad la situación de Santiago Goodman, criminalizado por estar presente en una protesta que hicimos en el 2019 y que ya venía de un arrastre bastante largo”.
En tanto manifestó que “hoy estamos presenciando el procesamiento de compañeros y compañeras en Rawson por lo que fue, a fines del año pasado en diciembre, la gran pueblada en contra de la imposición de la megaminería con lo que tiene que ver con la dirigencia política que está en la Legislatura en connivencia con el gobernador, quienes pareciera ser que trabajan para las multinacionales para el saqueo y vaciamiento de Chubut”.
Pena señaló que “una de las principales cuestiones, que entendemos como sindicato que generan esta oleada en contra de trabajadores y trabajadoras, de parte del gobierno provincial con su brazo ejecutor, que en este caso es la justicia, creemos que viene desde el momento en que empezamos a tocar los intereses de esos grupos concentrados”, y agregó que “muchos años atrás los sindicatos planteaban algún aumento de salario, alguna modificación por condiciones de trabajo, pero no se profundizaba. Luego de haberse conformado la Mesa de Unidad Sindical y haberse generado un programa de acciones, ya no hablamos de aumento de salarios, sino de cambiar el modelo de provincia”.
En este sentido sostuvo que “este proyecto de provincia no va más, está colapsado y lo que hace es no distribuir la riqueza y hambrear al pueblo, desfinanciar la educación, la salud y otras cuestiones que son básicamente los derechos que debe garantizar el gobierno”.
Por su parte Nilda Bulzomi, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel, manifestó que “queremos dejar en claro nuestro respaldo a las 24 personas que en este momento están siendo acusadas por incendio, resistencia a la autoridad o destruir edificios públicos, que son algunos de los cargos que se les están imputando”, y explicó que “estos vecinos de la costa dieron continuidad a una lucha que nació acá en Esquel hace 20 años atrás”.
Remarcó que los vecinos “son personas que están defendiendo los derechos de cada uno de los chubutenses que defendemos el agua y nuestro territorio. No es gente que ande incendiando los campos en Argentina, no es gente que contamine ríos, no recibe sobornos; es ente que salió a defender los derechos de cada uno de los habitantes de la provincia de Chubut. Además de ocupar la calle, se estaban defendiendo de un ataque represivo brutal de la policía enviada desde el gobierno provincial”.
Bulzomi remarcó que “todos tenemos derecho a tener derechos y lo que está sucediendo con este gobierno es que está vulnerando cada día y cada uno de los derechos que cada habitante tiene de manera indeclinable”, y reiteró el respaldo a “los luchadores y luchadoras que en este momento están siendo judicializados”.
“Rechazamos de plano la criminalización de la protesta y la lucha que aparentemente es el único plan de gobierno de Mariano Arcioni”, planteó.
En tanto desde la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh) expresaron que “acompañamos a los vecinos judicializados y rechazamos rotundamente este nuevo capítulo de criminalización de la protesta”, y agregaron que “la enorme rebelión popular de diciembre fue el resultado directo de la votación de la zonificación minera orquestada por el gobierno nacional, provincial y la legislatura”.
“La votación, llena de irregularidades, garantizada por Arcioni, Sastre y distintos bloques fue seguida de una brutal represión que incluyó la detención ilegal de compañeras, balaceras, golpes, entraderas en casas de barrio y demás. Nada de esto fue investigado por el sistema judicial ni repudiado por los principales funcionarios municipales, provinciales ni nacionales. Fue un intento de imponer el saqueo del agua en función de los intereses megamineros y el FMI, y estaban dispuestos a aplastarnos para lograrlo”, agregaron.
Asimismo explicaron que “esto ocurrió meses después de que se vapuleara en menos de una hora en la legislatura la segunda iniciativa popular y luego desalojaran con un megaoperativo represivo en plena madrugada y corte de luz mediante, la ruta 3”, y destacaron que “la respuesta popular fue tan contundente con movilizaciones masivas, corte de ruta y progresivamente una paralización de la provincia, incluyendo los puertos, que logró frenar la represión y luego derrotar la zonificación minera”.
Subrayaron además que “es exclusivamente responsabilidad de los gobiernos la rebelión popular desatada, intensificada por la represión sistemática. Las fuerzas policiales y sus responsables políticos aún se mantienen impunes, incluso luego de casos de tanta gravedad como el asesinato de Tino John. La intervención de la justicia en este proceso, como en la reciente y escandalosa condena contra Santiago Goodman, busca generar las condiciones para seguir ajustando y poder nuevamente insistir con la megamineria como lo anunciara Masa recientemente y como viene haciendo en todo el país. Independientemente de la maniobra de paz que dejó en presunto supuesto el Proyecto Navidad, mecanismo ya utilizado otras veces para después volver a la carga”.
Remarcaron que “la represión y criminalización de la protesta es la herramienta de la que se valen los gobiernos que promueve el ajuste, el saqueo y el extractivismo para intentar someter a la población que resiste”.
Por último manifestaron: “No a la criminalización de la protesta social. Castigo a los culpables de la represión. Defender el agua y el territorio no es delito”.