A 5 años de la desaparición y muerte del joven Santiago Maldonado, ocurrida el 1 de agosto de 2017, organizaciones de Derechos Humanos realizaron en la mañana de este lunes un acto frente al Juzgado Federal de Esquel donde exigieron justicia y que se condene a los culpables.
Santiago Maldonado, de 28 años, había participado el 1º de agosto de 2017 de un corte de la Ruta 40 junto a miembros de la comunidad mapuche “Pu Lof en Resistencia Cushamen”, en solidaridad con su lucha y para pedir por la liberación de Facundo Jones Huala. En esa manifestación fue visto por última vez con vida Santiago: tras el desalojo realizado por efectivos de esa fuerza de seguridad, no se supo nada más de él.
El cuerpo de Santiago fue encontrado 78 días después en el río Chubut, el 17 de octubre de 2017. Estaba 400 metros río arriba del lugar en que lo vieron con vida el 1 de agosto, sitio donde ya habían tenido lugar rastrillajes de las distintas fuerzas de seguridad, e incluso con helicópteros, drones y perros rastreadores.
A 5 años de su desaparición y muerte, su familia sigue reclamando justicia, asegura que la causa está “paralizada” y piden que el caso se investigue como “desaparición forzada”.
En la mañana de este lunes, con una importante presencia policial, se desarrolló el acto por los 5 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado frente al edificio del Juzgado Federal de Esquel, ubicado en pleno centro de la ciudad.
Claudia Ermili, referente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Regional Esquel, dio lectura a un documento y recordó que “estamos aquí como hace 5 años estábamos frente al Juzgado Federal cuando estábamos buscando a alguien que había desaparecido en medio de una represión”.
“Las imágenes conocidas de su carrera en dirección al río testimonian la cacería desplegada por los gendarmes”, relató y denunció que “lo que siguió forma parte de un pacto de silencio entre el poder político, judicial y la Gendarmería, lo que siguió fue un crimen de Estado”.
“Tras 5 años de impunidad por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago nos convocamos para mantener viva su memoria y exigir Verdad y Justicia”, finalizó.
Luego Patricia Berra, en representación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, manifestó que “hoy se cumple un lustro de impunidad en uno de los casos que marcó y marcará para siempre la vida y la historia de nuestra región”, y recordó que “Santiago desapareció cuando se solidarizaba con la segunda comunidad mapuche que estableció un proceso de recuperación territorial contra la multinacional Benetton”.
“Hoy hace 5 años que empezaba un tortuoso calvario para la familia de Santiago. Un camino que sigue perpetuando la esencia represiva de los gendarmes que actuaron bajo el mando de Pablo Nocetti, Patricia Bullrich y los jefes de esa fuerza federal. Violencia que contó con un escenario previo y posterior cuidadosamente construido por sectores de la política provincial y zonal, por empresarios de la ruralidad, por pseudo periodistas, por jueces y fiscales. Hablamos de impunidad porque hace más de dos años que la causa está esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación diga qué juez debe continuarla”, remarcó.
Berra en su discurso sostuvo que durante la investigación “veintiocho peritos, no cincuenta y cinco, firmaron la autopsia del cuerpo. Dijeron que la causa física de su muerte había sido ahogamiento e hipotermia. Pero extrañamente no pudieron determinar la fecha de muerte ni explicar datos muy llamativos de la autopsia, como por ejemplo por qué tenía signos de congelamiento cuando la temperatura del río no bajo de cero en esas épocas, ni porque sus ropas tenían polen de otros lados después de haber estado supuestamente 77 días sumergidos, entre muchas otros datos no explicados y que la familia y expertos independientes siguen reclamando esclarecer”.
Asimismo resaltó que “la investigación judicial de Otranto primero y de Lleral después nunca reconstruyó los hechos“, y agregó que en la actualidad, cinco años después, “nadie está preso. Solo un gendarme fue imputado, sobreseído y nuevamente imputado. Pero no hay quien le pregunte nada, ni a ese gendarme ni a nadie. Porque hay causa, pero no hay juez que vaya a actuar”.
Señaló además que “hace unos meses una mujer gendarme se presentó ante este mismo juzgado y denunció ante el fiscal federal de Esquel una serie de situaciones que vivió en el Escuadrón 36 de Gendarmería en aquellos días de 2017 tras la desaparición de Santiago. Contó que había escuchado a dos gendarmes decir que habían detenido a un “hippie” en la zona del campo de Benetton, donde ellos mismos señalaban que tenían una unidad de Gendarmería. También contó que el segundo comandante de Esquel, Juan Pablo Escola, se jactaba luego de lo ocurrido ante su jefe Pablo Badié de tener contacto directo y permanente con el Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich”.
Sin embargo, Berra manifestó que “la Corte Suprema no decide qué juez debe continuar la causa y nadie fue citado a declarar a
raíz de este testimonio”, y planteó que “el caso de Santiago Maldonado no es un caso más de violencia institucional. Es un crimen de Estado que hasta aquí ha logrado mantenerse impune”.
Por último declaró que “el gobierno actual tiene la responsabilidad histórica de echar luz sobre este siniestro hecho. Aún no lo ha hecho con la fuerza que le manda nuestra constitución, y debería hacerlo, para devolverle a la familia al menos un poco de justicia, para devolvernos a los argentinos la certeza de que el estado no mata”.