La joven tenía arresto domiciliario, en enero había recibido una advertencia por un episodio violento y ahora el control policial la ubicó en un domicilio distinto al designado. El juez Jorge Criado señaló que la única decisión posible frente a la conducta de la imputada, es que comience a cumplir la medida cautelar en un centro de detención.
La audiencia se realizó días atrás y fue solicitada por la fiscal María Bottini para plantear un incumplimiento a la medida de arresto domiciliario dispuesto a una de las imputadas en el crimen de Brian Sánchez.
El 18 de febrero el personal policial que hace el control del arresto domiciliario fue a las 22.35 al domicilio donde cumple el arresto. Atendió un hombre indicando que ella no estaba en el lugar y explicando la ubicación de la casa en la que se encontraba. Las policías se dirigieron al lugar, llamaron y escucharon la voz de una mujer diciendo “acá estoy”. Luego salió y dijo “te podés acercar más que para eso te pagan”. El personal policial informó de la situación a sus superiores y a la Fiscalía.
La fiscal planteó que hubo incumplimiento del arresto domiciliario y requirió la implementación de la prisión preventiva, sobre todo teniendo en cuenta que en su caso no se trataba de una morigeración, sino que se había dispuesto esa modalidad por no contar con un alojamiento carcelario para mujeres en la zona.
No es la primera vez que la imputada incumple las reglas del arresto. El 24 de diciembre se produjo una situación violenta en el domicilio. La imputada había apuñalado a su madre, quién tenía cortes en el brazo. En el lugar había personas en estado de ebriedad. Fue llevada a una audiencia en la que el juez Rolón realizó un apercibimiento advirtiéndole que ante un nuevo incumplimiento sería enviada a la alcaidía de Trelew.
Bottini solicitó que se haga efectiva la medida de prisión en la alcaidía de mujeres de Trelew hasta la audiencia preliminar.
La defensora Valeria Ponce argumentó en favor de su defendida, sosteniendo que el domicilio en el que estaba es una vivienda muy precaria que se está construyendo. Sostiene que apenas lograron techarlo, que tiene la puerta pegada y por eso se le dificultó salir ante la presencia policial. Indicó que hasta el momento nunca hubo inconvenientes con los controles policiales, pero señaló que se realizan de modo más adecuado por la Policía Comunitaria. Añadió además que su defendida recibió violencia “de todos lados” y que parece haber perdido sus derechos por ser imputada.
El juez Jorge Criado habló con suma claridad a la imputada. Le dijo que la única manera que tiene de pronosticar cuál será su conducta es observando el cumplimiento de las normas. Repasó las inconductas y planteó que no se puede relativizar el conflicto familiar en el que una coimputada resultó lesionada con arma blanca. Concluyó el juez que la sanción prevista para un incumplimiento al arresto domiciliario es la revocación. Por ese fundamento dispuso el traslado a la alcaidía para mujeres de Trelew.