El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin aprobó ayer la adhesión del Estado Municipal a la Ley Nacional 27.499, denominada Ley Micaela, en memoria de la joven entrerriana Micaela García víctima de violación y posterior femicidio en el año 2017 y que generó una profundización de la lucha de distintos sectores de la comunidad encabezados por colectivos feministas, para generar una política de capacitación para funcionarios y empleados de los organismos públicos en perspectiva de género y violencia contra las mujeres sin importar jerarquía, forma de contratación, ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
En la Hora de Preferencia, la concejala Emilia Méndez, resaltó que “gracias al movimiento feminista y a la enorme lucha de las mujeres hemos sido capaces de reconocer la falta de capacitación en perspectiva de género de muchos profesionales que trabajan en la temática y de los diversos organismos estatales”.
Explicó que la implementación de esta normativa “implica por un lado, prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias por razones de género en los ámbitos laborales, donde funcionarios y funcionarias no sean quienes revictimicen, estigmaticen o violenten aún más a las víctimas y sus familias; y por otro sensibilizar e interpelar desde la responsabilidad política a autoridades y agentes del estado, en la urgencia de iniciar procesos de capacitación en la temática para transversalizar la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas de cada sector”.
“Los objetivos de esta ley son claros: incorporar el enfoque de género en el análisis de la violencia contra las mujeres y disidencias, visibilizar y analizar las desigualdades entre los géneros y las relaciones de poder existentes entre ellos, a fin de ampliar la visión de la problemática y teniendo en cuenta que es un problema comunitario, una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos”, reflexionó.
Entiende la concejal que “es indispensable, para quienes cumplimos funciones públicas, reconocer esta perspectiva como central no sólo para la prevención de la violencia de género, sino también para la definición de toda política pública y su aplicación. Las violencias tienen un resorte estructural en las desigualdades y las inequidades, y para abordarlo es necesario que el Estado implemente una política pública fuerte, en la cual esta capacitación adquiere relevancia porque pone en la mira de todos y todas esas injusticias sociales”.
“Esta capacitación obligatoria y permanente va a brindar herramientas y recursos básicos para la identificación y orientación ante casos de violencia de género que tengan lugar en el ámbito laboral. Pero también va a tener una fuerte incidencia en nuestra sociedad local, porque nos va a permitir identificar y cuestionar las prácticas personales que reproducen los estereotipos de género y los micromachismos”, sostuvo en otro párrafo de su alocución.
