Organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, vecinalistas y partidos políticos expresaron su preocupación y rechazo al protocolo que pretende aplicar el Gobierno Nacional el cual legaliza el “gatillo fácil”.
La sede de ATECh Regional Oeste fue el espacio donde anoche se reunieron los referentes de dichos espacios para delinear el trabajo que se llevará adelante a fin de expresar el rechazo a esta polémica nueva medida del Ministerio de Seguridad de Nación.
Tomás Montenegro secretario General de la CTA de los Trabajadores Chubut, en conferencia de prensa, indicó que “hicimos una amplia convocatoria para abordar la Resolución Nº 956 del Gobierno Nacional. Creemos que estas políticas de ajustes provocan despidos y hambre en la población. Y que este protocolo justifica la represión como única manera de sostener esta política de hambre contra el pueblo”. Destacó que “rechazamos este tipo de avanzada que no hace más que lesionar a la Democracia”.
“Esta Resolución viola el Código Penal y los trabajadores de la Policía del Chubut tampoco están a gusto con esto porque se viola el Código Penal”, manifestó. E informó que en los próximos días “haremos algunas acciones inmediatas como la confección de un documento, junta de firmas que será presentada ante el Concejo Deliberante, Radios Abiertas y panfleteadas en las calles”. La decisión del gobierno provincial de modificar el protocolo de seguridad ya existente no modifica las acciones previstas indicó Montenegro.
Retroceso
Celeste Palavecino, en representación de la APDH Esquel, señaló que “estamos viviendo un retroceso en materia de derechos humanos” al tiempo que agregó que “hoy las luchas sociales están criminalizadas. Se están preparando para poder reprimir la protesta social que será mucha porque hay ajuste. La gente no llega a fin de mes y pasa hambre. Este es un escenario muy peligroso”.
Natalia Ravarotto, desde el PJ local, aseguró que “estamos en contra de cualquier medida que atenta contra la Democracia y la paz social”.
Antonio Osorio, titular de la CGT Cordillera, manifestó que “este Gobierno habla de seguridad cuando produce miseria y marginación. No ataca las causas de la inseguridad sino que las provoca. Esta Resolución es inconstitucional y está en contra de los tratados internacionales”.
El vecinalista Orlando Cardozo también se mostró preocupado “por esta situación que es muy delicada”.