El despertar del pasado domingo no fue habitual. Quienes suelen madrugar – y la mayoría muchas horas después – se percataron que el servicio de luz había sido interrumpido. En los primeros minutos se pensó en un corte local, pero con el correr de las horas la hipótesis más factible parecía ser un corte general en la provincia y en la región. La realidad mostró que esa teoría era parcialmente correcta ya que el corte, según pudo saberse a través de las Redes Social, afectó a casi toda la Argentina, Uruguay y sur de Brasil.

El inédito afectó los servicios de transporte aéreo, la provisión del correcto servicio de Internet por parte de algunas empresas y generó diversas complicaciones a los habitantes de los tres países. La preocupación para los pacientes electrodependientes, lógicamente, fue aún mayor.

El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, afirmó el lunes que existe “cero” posibilidad de repetición de un apagón y aseguró que en los próximos quince días se conocerán las causas del mismo. Es entonces cuando se determinará qué “resarcimientos deben pagarse”. Un medio gráfico de alcance nacional asegura que “hubo al menos cuatro fallas en el funcionamiento del sistema eléctrico que coincidieron para causar la interrupción masiva del servicio y retrasar su solución”.

El Gobierno Nacional espera que en los próximos días las empresas Cammesa y Transener eleven el correspondiente informe que permita conocer los motivos del apagón, pero no analiza (al menos públicamente) el cuestionamiento que surge desde la población. Muchos se preguntan cuál es el destino del dinero que se recauda a través de los constantes tarifazos que todos nos vemos obligados a pagar. Está claro que no hacerlo implica retroceder en calidad de vida.

Otro detalle para tener en cuenta es el restablecimiento parcial del servicio.  A 24 horas de la interrupción del corte de energía miles de usuarios permanecían sin luz con la negativa implicancia para el desarrollo normal de sus actividades cotidianas.

El apagón, sin lugar a dudas, marcó un hecho histórico para nuestro país y dejó al descubierto la necesidad de contar con una política pública en materia de energía que sea realmente efectiva y que tenga como prioridad ofrecer un servicio de calidad al usuario en lugar de multiplicar – sin realizar las debidas inversiones – las ganancias de las empresas.